Con la llegada del verano, muchas personas mayores en España comienzan a contar los días para recibir un ingreso muy esperado: la paga extra de verano. Esta cantidad adicional representa un alivio financiero significativo para millones de jubilados. En un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de bienes básicos, disponer de este ingreso resulta especialmente útil para afrontar los gastos estivales, desde vacaciones hasta suministros del hogar.
Como cada año, la Seguridad Social ha confirmado que el abono de la paga extra de verano se realizará en la segunda quincena de junio. De forma oficial, el ingreso se producirá entre el sábado 21 y el miércoles 25 de junio. Sin embargo, muchas entidades bancarias tienden a adelantarlo, por lo que numerosos pensionistas podrán disponer del dinero en su cuenta varios días antes del 25 de junio. Esta paga se percibe junto a la mensualidad ordinaria de junio. Si un jubilado recibe una pensión mensual de 1.200 euros, en junio recibirá 2.400 euros.
Aunque la mayoría de los pensionistas sí reciben una paga extra, hay excepciones. Por ejemplo, quienes cobran una pensión por accidente laboral o por enfermedad profesional, entre otras. En este caso, el importe anual de la pensión ya incluye esas pagas, pero repartido de forma prorrateada. Esto significa que su pensión mensual es un poco más alta, pero no reciben un ingreso adicional ni en junio ni en diciembre.

La cuantía de la paga extra de verano varía en función de la pensión habitual de cada persona. No existe una cifra fija para todos los beneficiarios: lo que se abona es el equivalente exacto a una mensualidad ordinaria. En palabras de la Seguridad Social, “la paga extraordinaria es igual a una mensualidad normal, sin bonificaciones ni incrementos adicionales”. Eso sí, hay que tener en cuenta posibles retenciones si la pensión supera ciertos límites y está sujeta al IRPF. En 2025, las pensiones mínimas contributivas en España se determinan en función de dos factores clave: la edad del pensionista y la existencia de un cónyuge a cargo. Esta diferenciación busca adaptar el importe de la pensión a las necesidades económicas reales de cada persona. Para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la pensión mínima anual se sitúa en 15.786,40 euros. Esta es la cuantía más elevada. Entre los pensionistas de 65 años o más sin cónyuge a cargo, el importe a 12.241,60 euros. Al no haber cargas familiares directas, se reduce el mínimo garantizado. Los menores de 65 años reciben importes que oscilan entre 10.824,80 y 15.786,40 euros.
Una ayuda silenciosa marca la diferencia en la pensión de miles de jubilados. Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, vigente desde febrero de 2021, que podría suponer hasta 2.000 euros anuales adicionales.