Lejos de remitir en la denuncia pública que llevan a cabo desde hace meses, los trabajadores sociales de Canarias volvieron ayer a elevar su voz para advertir sobre su “profunda preocupación” ante lo que consideran una “crisis estructural sin precedentes” que sufre la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y cuyas consecuencias, recordaron, recaen en las personas “más vulnerables” y en el personal.
A través de los colegios de Trabajo Social en ambas provincias isleñas, estos profesionales recalcaron que hay una “situación insostenible” que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones debido a la “falta de planificación, a la descoordinación y sensación de abandono institucional” en todas las áreas sociales del Gobierno de Canarias.
Sostuvieron, además, que “la acumulación de hechos graves que han salido recientemente a la luz revela una situación insostenible que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La falta de planificación, descoordinación y sensación de abandono institucional afectan a todas las áreas sociales del Gobierno de Canarias”.
En clara alusión a los datos falsos sobre dependencia que publicitó la Consejería sobre prestaciones a dependientes y que adelantó DIARIO DE AVISOS, concluyeron que “los servicios sociales no pueden gestionarse bajo lógicas de opacidad o presión política. Están para garantizar derechos, no para fabricar estadísticas. Quienes trabajamos cada día por y con las personas, especialmente las más vulnerables, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos”, aseguraron.
“Continuamos denunciando y alertando del colapso en las valoraciones de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía y la deficiente gestión de otras prestaciones como las tarjetas monedero, siendo el Ejecutivo canario responsable de la situación. Asimismo, nos mostramos expectantes ante la inminente entrada en vigor del polémico decreto de valoración de la dependencia el próximo 26 de mayo y sobre el que nos pronunciaremos en los próximos días”, apuntaron desde los colegios provinciales de Trabajo Social.
Así, los colegios profesionales consideran que se da una “crisis estructural de gestión política que afecta a derechos básicos de miles de personas”.
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