El Gobierno ha pedido a Canarias “cautela” para no revelar dónde se encuentran las plazas de la Península a las que va a trasladar a un millar de menores migrantes solicitantes de asilo “para evitar problemas”, en alusión a la resistencia de varias comunidades y ayuntamientos a acogerlos.
En la reunión que celebran cada martes el Gobierno de España y Canarias para dar cumplimiento a los autos del Tribunal Supremo sobre la acogida a los solicitantes de asilo, la directora general de Protección de la Infancia de la comunidad autónoma, Sandra Rodríguez, ha pedido detalles sobre cuáles son y dónde están las 1.200 plazas aprobadas por el Consejo de Ministros para los traslados.
“Se nos ha pedido cautela para evitar posibles situaciones no deseadas en cuanto a dónde puedan estar esas plazas”, ha asegurado Rodríguez en unas declaraciones difundidas por su departamento.
Esa petición llega después de la oposición formal de la Comunidad de Madrid a que 400 chicos que ahora están en las Islas sean trasladados a un centro de Pozuelo de Alarcón utilizado en su momento para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania.
Una oposición expresa por escrito y con advertencias legales que llevaron al Gobierno a pedir que el Tribunal Supremo avalase expresamente los traslados, según reveló hace días el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En esa tesitura, ha explicado Sandra Rodríguez, el Gobierno de España ha preferido centrarse este martes en detallar las entidades sociales que van a colaborar en los centros de destino, las características del servicio que ofrecen y, en consecuencia, los perfiles de los niños y adolescentes de los que pueden hacerse cargo.
El Gobierno central también ha pedido a Canarias “un margen de tiempo” para disponer de las plazas que gestiona en la Península, margen que el Ejecutivo de Fernando Clavijo está dispuesto a concederle “en aras del interés superior del menor”.
Eso sí, ha precisado la directora general, siempre y cuando los primeros traslados no se demoren más de 10 o 15 días.
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