La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP), conversó ayer con DIARIO DE AVISOS sobre el proceso que ha culminado con la publicación del presupuesto municipal de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia. Todo ello se produce bajo las críticas de la oposición, que ha anunciado que emprenderá acciones legales si detecta irregularidades en el procedimiento de aprobación y certificación de las cuentas. Lemes defendió que el presupuesto quedó aprobado de forma definitiva en el pleno del pasado 20 de junio, y que cualquier intento de impugnarlo “no tendría base jurídica sólida”.
Según la regidora, el rechazo del Pleno a retrotraer el expediente, tras detectarse un error en el tratamiento de una alegación presentada fuera de plazo, dejó vigente el acuerdo inicial: “Si llevas a pleno la desestimación de una alegación pendiente y esta se vota en contra, se vuelve a la situación anterior”.
Ante la pregunta de si la oposición entendía realmente lo que estaba votando, la alcaldesa admitió “no poder afirmarlo”, pero sí expresó su convicción de que actuaron con la intención de bloquear políticamente al grupo de gobierno. En esa misma línea, recordó que también se opusieron a una modificación presupuestaria destinada a instalaciones culturales, según ella, “tergiversada” por los grupos contrarios “como si fuera una partida para fiestas”. A su juicio, se ha perdido de vista “el interés general”, y con el rechazo a determinadas partidas “se han bloqueado mejoras reales para la ciudadanía”.
Sobre la fórmula empleada en el Pleno, una única propuesta que unía la retroacción del expediente con la desestimación de la alegación, Lemes reconoció que “eran conscientes de que podía generar confusión”.
Aun así, defiende que se trató de una decisión basada “en la honestidad, tratando de incluirla, desestimarla y dejar constancia de que también se había atendido, aunque no cumpliera los requisitos para invalidar el proceso”.
Respecto al fondo de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, la alcaldesa aseguró, como ya hizo en el último pleno ordinario, que “nueve de ellas llegaron en los últimos minutos del último día del plazo”, y la gran mayoría, según afirmó, “procedentes de personas del PSOE o vinculadas a la formación”.
Cree que estas fueron presentadas con “mala fe” y que el objetivo era, simplemente, entorpecer el procedimiento. “Esto no es participación ciudadana, es obstrucción”, sentenció.
Lemes se amparó también en el informe de Intervención de Fondos fechado el 27 de junio, que descarta que el error detectado “tenga entidad suficiente para provocar la nulidad del presupuesto”. En él, se indica que no se ha infringido ninguna norma que suponga nulidad de pleno derecho (artículo 47 de la Ley 39/2015), ni se ha causado indefensión o vulnerado un requisito formal esencial. En caso de que fuera anulable, el propio ayuntamiento podría convalidarlo, conforme al artículo 52 de esa misma ley.
Con base en ese criterio, el gobierno considera que el presupuesto ha seguido su curso administrativo legal y que la publicación en el BOP era el trámite reglado necesario para su plena eficacia.
Ante la posibilidad de que la oposición acuda a los tribunales para intentar anular el acuerdo plenario, Lemes respondió con firmeza: “Lo que me preocupa es que se utilicen los tribunales para perder tiempo y recursos en algo que está perfectamente legalizado”. Y añadió: “Ojalá no sigan gastando tiempo en judicializar un proceso que está bien hecho”.
ABIERTOS AL DIÁLOGO
A pesar del clima de tensión, la alcaldesa se mostró abierta al diálogo. Aseguró que “no hay vetos ni líneas rojas con ningún partido”, incluido el PSOE, y que su prioridad sigue siendo Arona.
“Mi puerta está abierta para trabajar con todos los partidos. Si hay mociones constructivas, las apoyaremos. Pero no aceptamos ni aceptaremos boicots ni estrategias destructivas”, advirtió la alcaldesa aronera.





