En 1989 se privatizó el mayor astillero de Las Palmas, construido con fondos públicos, entregando el control mayoritario a capital griego con un socio local minoritario. Desde ese momento, el modelo portuario de Canarias cambió radicalmente. Lo que parecía una liberalización terminó concentrando un poder inmenso en torno a un único actor que no opera como astillero industrial con personal propio, sino como mero gestor de recursos ajenos: capta contratos gracias a su posición estratégica, pero subcontrata casi toda la actividad técnica a talleres y autónomos dependientes.
Así se construyó un ecosistema cautivo. Hoy, la mayoría de proveedores y pequeñas empresas vinculadas a la reparación naval dependen de este operador para sostener más del 50% de su facturación anual. Esta dependencia alimenta auténticos muros invisibles: condiciones de exclusividad no escritas, presiones a quienes intenten trabajar con otros armadores o astilleros, y un férreo control de asociaciones empresariales mediante la delegación de votos, que convierte las juntas en meros trámites sin voz real para la disidencia.
Estos muros no aparecieron por casualidad. La desaparición de NUVASA, el histórico astillero público de Tenerife, no fue un accidente. Su director general declaró públicamente en 1991 que estaban obligados a cerrar, pese a contar con carga de trabajo y un proyecto sólido. Así se eliminó la única alternativa industrial potente en Tenerife, bloqueando cualquier posibilidad de equilibrio competitivo en el archipiélago y dejando la hegemonía perfectamente blindada. Desde entonces, cada normativa, cada autorización técnica y cada requisito ambiental parecen diseñados para reforzar ese poder y mantener cerrada la puerta a nuevas opciones.
La consecuencia es que hoy muchos autónomos y pequeñas empresas, que antes podían ofrecer sus servicios en libertad, necesitan costear memorias técnicas visadas, planes de seguridad extremadamente complejos y avales de miles de euros para poder soldar una simple tubería en un muelle comercial. Además, toda esa documentación debe pasar por un consignatario, que reporta la actividad al operador dominante, creando un auténtico cortijo disfrazado de puerto abierto.
No se trata de un relato teórico. En Hidramar lo vivimos en carne propia. Nos atrevimos a crecer, a mantener precios justos y a rechazar rebajas forzadas y condiciones de sumisión. La respuesta fue contundente: más de 70 trabajadores a la calle en un solo día y talleres que se apartaron de nuestro lado por miedo a perder contratos. Fue duro, pero resistimos. Apostamos por un modelo autosuficiente y competitivo, fiel a los valores de excelencia, mérito y libertad empresarial. Hoy podemos decir que la decisión de mantenernos firmes nos hizo más fuertes, aunque el sistema tratara de arrastrarnos al barro.
Porque la historia de la privatización de ASTICAN no es solo la historia de una compraventa. Es la historia de cómo se modificó para siempre la dinámica de los puertos de Canarias, levantando barreras invisibles y neutralizando la capacidad de Tenerife de ser una opción industrial real. Una estrategia deliberada para desactivar a Tenerife como alternativa y garantizar que todo el negocio naval y offshore del archipiélago pase, obligatoriamente, por la puerta vigilada de Las Palmas.
¿Y cuáles son las consecuencias de bloquear uno de los principales motores económicos de Tenerife? Claras: mientras los proyectos en Granadilla sigan en el congelador, mientras no se termine su equipamiento, mientras se mantenga esta red de privilegios, la provincia de Santa Cruz dependerá de otros. Si queremos ver un mundial de fútbol, nos toca ir a Las Palmas. Si queremos un rally internacional, también. Porque este modelo no solo concentra infraestructuras industriales, sino también ocio, inversión, empleo y oportunidades.
Romper estos muros invisibles no es un asunto ideológico: es una cuestión de dignidad económica y social. La economía azul no cumplirá su promesa de prosperidad mientras parte del archipiélago siga encadenada al dictado de quien maneja las infraestructuras que pagamos entre todos. Canarias merece pluralidad, competencia real y reglas claras que permitan a cualquier empresa ofrecer su trabajo sin peajes ni cortijos disfrazados de libertad.
En Hidramar conseguimos asegurar el futuro de nuestra familia y de nuestros trabajadores, pero no vamos a parar hasta liberar esos grilletes que siguen atando el puerto de Tenerife. Por eso hemos presentado un proyecto para levantar el mayor astillero de la región, con 130 millones de euros de inversión privada, la capacidad de generar más de 2.000 empleos directos, e incorporando socios navieros que operan más de 500 buques. Aún así, el proyecto permanece congelado, bloqueado, sin explicación razonable. ¿Por qué será?
Canarias no puede seguir tolerando esta estrategia de apagón industrial encubierto, que nos obliga una y otra vez a mirar hacia otra isla para cualquier gran evento o gran inversión. ¿Entiende ahora por qué todos los ciudadanos de Canarias terminamos yendo a Las Palmas para cualquier cosa de relevancia? Es hora de abrir los ojos, romper estos muros invisibles y reclamar un reparto justo de las oportunidades que nos pertenecen a todos.
Jonathan Perez Padrón
Chief Executive Officer Hidramar Group | Impulsando Canarias desde la reindustrialización y la exportación como motores de generación de riqueza neta
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