El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un paquete de quince medidas anticorrupción, entre las que se incluye el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública. En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su exnúmero tres en el PSOE, Santos Cerdán, por un presunto caso de cobro de mordidas, Sánchez adelantó que pretende crear una agencia anticorrupción independiente y también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de este tipo.
El jefe del Ejecutivo señaló que este paquete de medidas se ha elaborado en el último mes, con la ayuda del socio de coalición Sumar, y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la misma línea, anunció la creación de nuevas secciones de delitos contra la administración pública con “jueces especializados” y, además, creará procedimientos sumarios para causas que involucren a cargos públicos para evitar dilaciones que “merman la confianza” de los ciudadanos.
La que llamó Agencia de Integridad Pública Independiente asumirá funciones de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas que hasta ahora asumían organismos distintos, lo que, a juicio de Sánchez, ha generado “ineficiencias y vacíos de coordinación”.
Además, quiere endurecer los controles extendiendo a toda la administración pública la metodología aplicada para la concesión de fondos europeos de recuperación y creará “mapas de riesgo” para detectar vulnerabilidades en procesos “críticos” de contratación, subvenciones y en la propia gestión presupuestaria. Para este fin, se usarán aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación para detectar de forma automática patrones anómalos o “indicios de fraude”.
En la misma línea pretende exigir a las empresas sistemas de cumplimiento normativo si quieren contratar con el sector público, así como “pactos de integridad” para ciertos contratos. Este sistema ya se utiliza en otros países y sirve para monitorizar los procesos de contratación de forma independiente y reduce el riesgo de mala praxis. El plan también contempla controles patrimonales aleatorios anuales para altos cargos, para vigilar que no hayan obtenido un beneficio indebido mientras están en el cargo.
Para reforzar el control de los partidos políticos y fundaciones, reducirán el plazo de publicación de sus cuentas a un mes desde la recepción de una donación y se rebajará el importe económico de la aportación que están obligados a publicar: de 25.000 a 2.500 euros.
AGRAVAR “UN TERCIO” LAS CONDENAS
En el plano judicial, se agravará “un tercio” las penas de prisión y hasta 15 años de inhabilitación absoluta, y se vincularán los beneficios penitenciarios a la completa restitución de las cantidades obtenidas por prácticas corruptas con intereses añadidos. Además pide recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público.
Respecto a la protección a quienes denuncien casos, recordó que ya está en vigor la ley de protección del informante, aunque cree claro que “no es suficiente” y, por tanto, pretende reformar la Lecrim para que cualquier persona que acuda a la Fiscalía, la Policía o a un juez a denunciar con “garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal”. En esa línea, exigirá a las empresas que tengan canales internos de denuncia y obligará a las administraciones a incorporarlos. “Nuestra lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores ni en acusaciones vacuas, pero tampoco puede permitirse que se pierdan en los pasillos”.
Asimismo, dará carácter preferente a las causas con cargos públicos, se creará un procedimiento “sumario” que evite “dilaciones indebidas” y asegura que remitirá a las Cortes el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluye la reforma de la instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal. También se aumentarán las multas a empresas corruptoras calculándolas sobre sus ingresos anuales y no sobre los beneficios obtenidos.
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