Al más puro estilo de la afamada serie Breaking Bad. Así funcionaba la organización criminal que operaba desde Tenerife a nivel internacional. La operación Silbo, llevada a cabo por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con la colaboración de agentes de la DEA estadounidense, de la Policía Judicial de Cabo Verde y de la Europol, por sus ramificaciones fuera de las islas, ha acabado con la detención de 34 personas.
Se han llevado a cabo actuaciones en las islas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de en otras provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga, recoge una nota de la Guardia Civil.
El empresario del ocio de Tenerife
El origen de esta investigación se centró en la figura de un empresario tinerfeño, de 42 años, relacionado con los sectores del ocio nocturno, la restauración y la construcción principalmente, también con varias empresas en el extranjero.
Todo ello ha sido utilizado, como han podido corroborar los investigadores, para dirigir una compleja organización criminal desde Canarias para introducir importantes remesas de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional.
Barcos nodriza
Paralelamente a su gestión empresarial, este empresario negociaba directamente la entrega de notorias cantidades de cocaína desde barcos nodriza procedente de Sudamérica, a otras embarcaciones, para su posterior entrada en el archipiélago canario principalmente.
En este escenario, los investigadores se incautaron de dos remesas de notoria relevancia con destino a Santa Cruz de Tenerife, una de ellas de 500 kilos de cocaína en enero de 2024, en una embarcación que la había transbordado previamente desde un buque procedente del continente sudamericano.
Posteriormente, en el mes de noviembre del mismo año, hubo otra de 1.600 kilos de la misma sustancia.
En este segundo caso, el cabecilla de esta organización criminal había dispuesto un barco pesquero en Guinea Bissau, junto a un socio afincado en Galicia, con la intención de abastecerse del estupefaciente de la misma manera que la anterior aprehensión, aprovechando la conocida como ‘ruta africana de la cocaína’.
Laboratorio de drogas en El Escobonal
En la explotación de esta operación se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en la isla de Tenerife (Güímar), donde almacenaban gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, así como los utensilios necesarios para el procesado y adulteración de la cocaína.
Esta investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, y llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (Equipo Contra el Crimen Organizado, ECO Canarias), se ha saldado con la intervención de 2.185 kilos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones (barco pesquero, un velero y tres lanchas rápidas), así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de dos millones de euros.
Hachís para el Reino Unido desde Tenerife
De la misma manera, contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago, empleadas para recibir importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos y que eran enviadas a Reino Unido, consiguiendo un rápido retorno de beneficios económicos.
De hecho, los investigadores detectaron varias reuniones con personas de nacionalidad británica en la Costa del Sol relacionadas con el tráfico de drogas.
La investigación económica desarrollada de forma paralela ha permitido conocer que el principal responsable de la organización había construido un entramado societario para el blanqueo que realizaba fuertes inversiones en distintos sectores económicos, a través de empresas nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y otras, haciéndose valer para estos fines de terceras personas de su entorno de confianza.
También estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros, y utilizaba, asimismo, una empresa de alquiler de vehículos también para blanquear los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas, así como para la distribución de los estupefacientes mediante el uso de su flota.
De esta manera, el pasado mes de abril se intervinieron 66 kilos de cocaína que se pretendían introducir en Tenerife mediante un vehículo de esta empresa, ocultos mediante un sofisticado sistema hidráulico, pudiéndose averiguar que este cargamento había sido sustraído previamente a otro grupo criminal para lo que habían secuestrado a un integrante.
“Extremadamente violentos”
El grupo criminal utilizaba la figura de una persona de nacionalidad cubana y otra colombiana, ambos con formación militar, que ejecutaban acciones violentas sobre determinados objetivos para hacerse con activos de distinta índole, llegando incluso a forzar a un tercero en el sur de Tenerife para apropiarse de unos terrenos en el municipio de Candelaria.
A lo largo de la investigación, también se pudo saber que también tenían proyectada la adquisición de armas de fuego ilegales en la Península mientras impartían formación militar a otros integrantes del grupo.
DEA estadounidense
La DEA (Drug Enforcement Administration) es la agencia del Gobierno de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes relacionadas con las drogas y ha prestado su colaboración en esta operación.
Fue creada en 1973 por el entonces presidente Richard Nixon, con el objetivo de centralizar los esfuerzos federales en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Desde entonces, se ha consolidado como la principal autoridad en materia de narcóticos en el país.
Entre sus funciones destacan la investigación y desmantelamiento de redes de narcotráfico, la vigilancia del cumplimiento de las leyes sobre medicamentos controlados y la cooperación con agencias nacionales e internacionales en operaciones conjuntas. Además, la DEA regula la producción, distribución y prescripción de fármacos que pueden ser utilizados de forma indebida.
La agencia tiene oficinas en gran parte de los estados de EE. UU. y también en otros países, donde colabora con las fuerzas de seguridad locales. Su trabajo no solo se centra en frenar el tráfico de drogas ilegales como cocaína, heroína o metanfetaminas, sino también en abordar la creciente problemática de los opioides recetados, que ha generado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.
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