Juan Manuel lleva 16 años viviendo, o sobreviviendo, en una de las tantas cuevas que flanquean el cauce del santacrucero barranco de Santos, un enclave natural donde, actualmente, residen ocho personas más, la mayoría hombres y de nacionalidad extranjera, que han transformado estas grutas naturales en improvisados hogares.
Cada uno se encarga de cuidar su pequeño techo de piedra aunque, en el caso de Juan Manuel, la cueva en la que habita la comparte con su amigo Manuel, un tinerfeño con el que convive desde hace 13 años en este barranco y quien, además, es el que le ayuda con dinero de la paga mínima vital que recibe por si enferma o necesita comer.
Juan Manuel tiene 41 años y es otra de las tantas personas en situación de calle y con problemas de salud mental que se han convertido en asiduas de las calles de la ciudad. Gallego de nacimiento, llegó a Tenerife en busca de trabajo hace casi 20 años. Sin familia y completamente solo empezó a trabajar como aparca coches (los conocidos gorrillas), hasta que se unió a malas compañías que lo llevaron a adentrarse en el mundo de la droga.
Su compañero Manuel explica a DIARIO DE AVISOS que cuando le conoció estaba bien, “era una persona normal, pero esa gente le vendía pastillas y hasta morfina en parches y si no les pagaba entonces le daban palizas hasta en el mismo aparcamiento donde trabajaba. Todo eso lo hizo volverse loco y empezó a meterse con la gente que iba a aparcar, hasta que en un brote psíquico destrozó varios coches y lo metieron en la cárcel durante un año”, relata.
Tras cumplir condena, Juan Manuel regresó a la cueva y, aunque solicitó una paga por su tiempo en prisión y su incapacidad mental, actualmente no percibe ninguna prestación. “Lleva más de tres años sin dinero, pues aunque en principio le arreglaron las pagas, más tarde se las quitaron sin saber por qué y ahora no tiene nada. Yo soy pobre y cobro la renta mínima, pero siempre que puedo ayudo al muchacho”, afirma.
Manuel denuncia, además, que la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), dependiente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), tampoco le presta ayuda a su amigo, más allá de una tarjeta de alimentos, a pesar de que compañeros del barranco la hemos solicitado en su nombre, ya que no es justo que haya personas a quienes les den cosas y a este pobre chiquillo ni lo mínimo. Necesita un sitio para vivir, un piso tutelado donde reciba ayuda médica, pues muchas madrugadas se despierta gritando y sale corriendo sin rumbo, a veces hasta desnudo, y es algo que me da mucha lástima”.
Por su parte, la responsable del IMAS, Charín González, manifestó que “la UMA está trabajando con esta persona y viendo cómo ayudarla, aunque no es muy colaborador con los servicios sociales. Si el usuario no quiere atención es imposible prestarla”. En este sentido, detalló que “hay un plan de intervención en este caso, como en otros, lo que no significa que se haga lo que el usuario quiere, sino lo que valoran los equipos profesionales que llevan cada caso. Por lo tanto, esta persona sí cuenta con un plan de intervención”.
González insistió en que “es complicado trabajar en la atención a personas en situación de calle con problemas mentales, pues hay un equipo humano y de recursos intentando ayudarles cuando luego trabas burocráticas y legales cortan la intervención con los usuarios. Hay que propiciar una modificación de la legislación para que se pueda dar respuesta a esta problemática”. Así, recordó que “hay casos en que necesitamos acudir la Justicia para solicitar autorización con estas personas que no están al 100% de sus capacidades mentales, pues si no quieren ayuda y, encima, los tribunales no conceden el permiso, como ha pasado en ocasiones, ellos tienen la libertad de decidir”.
El movimiento Lolo Dorta critica el “abandono” a los sintecho
El movimiento Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha denunciado la grave situación de “abandono” en la que se encuentran las personas sinhogar con grave deterioro físico y problemas de salud mental en Tenerife, un drama que, afirma, “ha vuelto a evidenciarse con el caso de Francisco, el más dramático de todos los que se contabilizan en la ciudad” y del que se hizo eco DIARIO DE AVISOS.
A juicio del colectivo ciudadano, “los servicios sociales del Ayuntamiento se escudan en no poder actuar al no tener competencias, pero existen tres leyes que sí lo permiten, dos de ellas sin autorización judicial previa: el artículo 9.2 de la Ley de Autonomía del Paciente, donde un médico puede realizar intervenciones y trasladar a la persona a un centro hospitalario, sin necesidad de intervención judicial; el artículo 6, o) 1 y 2, de la ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, que permite retirar a una persona de la calle contra su voluntad en caso de riesgo; y el artículo 763 de la normativa de Enjuiciamiento Civil”.
En este sentido, añade que “con ello queda visto que el problema no es legal, y que el alcalde, José Manuel Bermúdez, falta a la verdad, con o sin conocimiento, cuando asegura que está imposibilitado para poder intervenir con personas en situación de calle y problemas mentales”.
“La respuesta del alcalde no puede ser solo policial o asistencial, ni esperar a los casos terminales. Hay que intervenir antes, con programas de vivienda digna, acompañamiento profesional, atención sanitaria de proximidad y equipos que trabajen en la calle. De lo contrario, solo llegaremos cuando ya sea demasiado tarde”, subraya.
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