El Tribunal Supremo acordó ayer requerir a la Administración General del Estado que, en un plazo “improrrogable” de quince días, proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo, en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
En un nuevo auto, el alto tribunal insiste en que el Gobierno debe adoptar, “en sus propios términos”, “cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados” por el propio tribunal el pasado marzo.
El Supremo se pronuncia así a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que se asegura que se mantiene “la situación de hacinamiento de menores” en las instalaciones de la administración autonómica.
Sin embargo, desde el Ministerio se responde que, a media tarde de ayer, ni siquiera tenían constancia de dicho auto y que, en todo caso, sostienen que han dado pasos importantes, al aprobar una declaración de emergencia por 40 millones de euros y abrir numerosos centros en la Península para acoger a niños y niñas, además de integrar en el SAPI (Sistema de Acogida de Protección Internacional) a los que ya eran mayores de edad. Hasta la fecha, aseguran fuentes ministeriales, la Administración General del Estado ha propiciado la salida “de un total de 350 menores de los centros gestionados por el Gobierno de Canarias”.
Las cifras no coinciden con las expuestas por CC, cuyo secretario de Organización, David Toledo, dijo ayer que, desde que el Supremo fijara la obligatoriedad de que el Estado se hiciera cargo de los menores solicitantes de asilo, el Gobierno central sigue sin cumplir la orden. “De los casi 1.100 niños y niñas con derecho a asilo, el Estado solo ha trasladado 256 al sistema nacional de protección”.
El Tribunal Supremo sostiene que “no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia”. Por ello, reclama que se dé cumplimiento en quince días “sin posibilidad de excusa o reparo”.
Eso sí, desde el Ministerio se replica que “contamos con 135 plazas en diferentes recursos en la Península que no se pueden cubrir porque el Gobierno canario no ha remitido las autorizaciones de los menores, extremo fundamental para poder efectuar los traslados, ya que son sus tutores legales”.
Lo único que parece fuera de duda es que hace falta más colaboración institucional y menos intereses partidistas.
Pestana anuncia la conclusión de otros 81 expedientes para traslados
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró ayer que ya se han terminado y firmado un total de 81 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a la Península en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, según indicó la Delegación.
Pestana añadió que a estos expedientes de traslado se suman los 35 archivados por mayoría de edad del migrante tras informe del Ministerio Fiscal y los dos archivados por un informe negativo de la Fiscalía, al considerar que tenían arraigo en Canarias.
De acuerdo con el citado Real Decreto, la comunidad autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia la región de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.
El delegado hizo especial hincapié en que, con estas resoluciones, “damos un importante paso para agilizar los expedientes”.
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