El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, sostuvo ayer en La Laguna que Canarias va hacia el “abismo” en dependencia por la falta de inversión y que el mejor ejemplo se refleja en que, durante lo que va de año, un total de 2.033 personas han fallecido en la lista de espera del Archipiélago.
En un alegato durísimo pronunciado por dicho alto cargo en su ponencia pronunciada con motivo del I Congreso de Servicios Sociales e Inclusión Social, que se celebra en la Ciudad de los Adelantados, advirtió además que Canarias se acerca a la “imposibilidad material” de gestionar el sistema, a la par que cargó contra la “desidia” del Gobierno regional, que, a su juicio, no apoya presupuestariamente la labor que realizan cabildos y ayuntamientos, detallando que del 75% de fondos que le corresponde a la comunidad autónoma, solo abona la mitad, porque el resto lo cubren las referidas corporaciones locales de las Islas.
Ramírez no dejó tírete con cabeza y se remontó a los tiempos de Inés Rojas, consejera autonómica de Servicios Sociales durante ocho años (2007-2015), que “no entendía” el sistema público de dependencia, y ahora pasa un tanto con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y con la consejera de Hacienda, Matilde Asián, porque “hace falta más pasta” en las Islas.
También aludió el representante estatal de los profesionales sociales al largo historial de “maquillaje de cifras” del Gobierno de Canarias, que ha obligado a intervenir a órganos estatales como el Tribunal de Cuentas o el propio Imserso. El caso más reciente, la inclusión en las estadísticas de las prestaciones no efectivas. A este respecto, especialmente grave fue el caso de los datos falseados -rectificados tras la denuncia de este periódico- que llevó a Clavijo a presumir erróneamente de los mismos como ejemplo de buena gestión en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad canaria.
Al menos, Ramírez reconoció que en la época de Marta Arocha (PSOE) como directora general de Dependencia “se empezó a ver la luz al final del túnel” pero no obvia que para ver los cambios en dependencia “se necesita una legislatura o más de una”, si bien tampoco le tembló el pulso a la hora de criticar lo que valora como “oscurantismo” y la “falta de transparencia” del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. “Me jode porque soy rojo”, llegó a ironizar.
El ‘bajo coste’
De especial interés fue la siguiente reflexión: “Si vas a una residencia, que vale unos 2.000 euros al mes, y te dan una prestación de 740, 750 euros, tienes que buscar los 1.300 que faltan”, y eso teniendo en cuenta que una pensión como la de viudedad ahora mismo ronda los 800 euros. A juicio de Ramírez, este modelo low cost en Canarias “mejora la estadística, pero condena a miles de personas: a unos, a no tener acceso a la prestación del servicio, y a otros, a tener que hacer un copago y un repago”.
Sea como fuere, “lo más grave”, desde su punto de vista, es que en lo que va de año en Canarias “se han desmantelado los servicios: hay 1.321 plazas menos de centros de día que a principios de año, 1.113 plazas concertadas menos, y 1.832 servicios a domicilio menos”, apostilló José Manuel Ramírez.
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