Casi una de cada cinco viviendas que carecían de licencia o contaban con un registro irregular y que han dado lugar a la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb se localizan en Canarias.
Según los datos recabados por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, la multinacional publicitaba en España 59.229 alojamientos turísticos sin número de registro, de los cuales 12.486 estaban situados en el Archipiélago.
A esta cifra se suman 5.769 anuncios con un número de registro falso, 242 de ellos en las Islas.
En total, en Canarias se han detectado 12.728 irregularidades, lo que representa el 19,54 % del conjunto de infracciones que han motivado la sanción.
La resolución sancionadora ya es firme y pone fin a la vía administrativa, una vez desestimado el recurso de alzada presentado ante el ministro de Consumo.
Además del importe económico, la sanción incorpora dos medidas accesorias: la obligación de retirar los anuncios considerados ilícitos y la exigencia de hacer pública la multa impuesta a la plataforma.
Consumo ha identificado 65.122 anuncios que incumplen la normativa vigente. Entre las infracciones detectadas figura tanto la comercialización de viviendas sin licencia como la publicación de registros que no se corresponden con los utilizados oficialmente en los alojamientos turísticos.
Estas conductas, calificadas como infracciones graves, han derivado en una multa de 64,05 millones de euros, una cantidad equivalente a seis veces el beneficio ilícito que, según el ministerio, obtuvo Airbnb durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento oficial y hasta su retirada.
La sanción también incluye incumplimientos relacionados con los contratos celebrados a distancia, como la falta de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento ofertado.
Asimismo, Consumo penaliza a la compañía por obstrucción y negativa a facilitar información, después de que Airbnb no atendiera varios requerimientos durante la tramitación del expediente, así como por incumplir las medidas provisionales impuestas mientras se desarrollaba la investigación.
Tras hacerse pública la resolución, la asociación de consumidores Facua ha valorado positivamente la sanción, subrayando que se trata de la segunda mayor multa impuesta en España, solo por detrás de los 108 millones de euros con los que fue sancionada Ryanair por el cobro del equipaje de mano.
En un comunicado, Facua ha instado a las comunidades autónomas a “tomar nota” y a actuar con mayor firmeza frente a este tipo de fraudes inmobiliarios.
En la misma línea, la asociación de usuarios financieros Asufin ha respaldado la decisión del ministerio y ha recalcado que plataformas tecnológicas como Airbnb “no pueden limitarse a obtener beneficios como meros intermediarios sin asumir responsabilidades” sobre los anuncios que difunden.
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