La ley de vivienda vacacional de Canarias, aprobada con ruido y desacuerdo

El temporal llegó con antelación al Parlamento de Canarias. Con la patronal hotelera (Ashotel) y representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) siendo testigos desde la tribuna del hemiciclo, el inicio de la sesión de ayer, dedicada a votar la ley que busca regular la vivienda vacacional, volvió a evidenciar lo embarrado que se encuentra el debate político en el Archipiélago.

Sin grandes sorpresas, la nueva norma, propuesta por el PP y respaldada por sus socios, Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, fue aprobada pese a la oposición del PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox, que consideran este texto una victoria “de los tres empresarios de turno”, a quienes, según María Esther (Nueva Canarias), se les estarían “dando las llaves de Canarias”. Por parte del Gobierno, en cambio, defienden que esta aprobación representa un paso adelante para regular y ordenar la vivienda vacacional mediante una ley que, en palabras de la consejera de Turismo, Jessica de León (PP), ha sido “difícil de interiorizar, difícil de explicar y difícil de gestionar”, tras dos años de negociaciones.

La falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas canarias fue evidente, agravada además por el bloqueo de la oposición al debate de 24 enmiendas in voce planteadas durante la sesión plenaria.

Guerra de intereses

Desde el PP, David Morales considera que la ley da “salvaguarda jurídica y legislativa al pequeño propietario”. En la misma línea, Socorro Beato (CC) señala que la nueva norma “protege a los pequeños propietarios, muchos de ellos familias que dependen de ese ingreso complementario”. Sin embargo, la intervención que más ruido suscitó durante el debate de ayer fue la de Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), acusando a los socialistas de “desempolvar el manual bolchevique cuando están en la oposición” y de “sacar normas que no tuvieron valentía de aprobar cuando gobernaron”. Acosta, además, celebró una ley que “ordena, no castiga”, pese a admitir que “no es perfecta”, y reprochó a la bancada contraria sentar un “precedente parlamentario” al no haber aceptado las enmiendas in voce.

Según aquellos que ayer pulsaron el botón rojo, “este proyecto abre la puerta para expulsar a miles de familias canarias de las zonas turísticas, familias que compraron su vivienda con escritura, con división horizontal y todos los papeles en regla”, afirma Esther González (NC-bc). Del mismo modo, para Gustavo Santana (PSOE), “beneficia” a los empresarios turísticos y “expulsa” a los residentes. El diputado socialista considera que hay “otra alternativa” que pasa por limitar el número de viviendas en explotación a tres y pronostica que “esta ley durará lo que dure este Gobierno”.

De esta forma, el debate político en torno a la regulación de la vivienda vacacional deja un escenario en el que los portavoces, tanto de un lado como del otro, aseguran defender lo mismo: la vivienda y los derechos de los residentes, pero cuyo enfrentamiento y falta de consenso parecen revelar, en el fondo, intereses bien distintos.

Fuera del Parlamento, el desacuerdo lo protagonizan desde hace varios días el sector hotelero y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), a quienes los primeros acusaban el martes de tener una “doble moral”. El presidente de la patronal Ashotel, Jorge Marichal, celebró “tener por fin una norma clara que regule el sector”, mientras que desde Ascav calificaron la jornada como “un día negro”, que confirmó sus “peores pronósticos”. Los defensores de la vivienda vacacional temen que la ley perjudique a los pequeños propietarios y advierten de que el número de pisos turísticos podría reducirse drásticamente.

¿Qué dice la nueva ley del Uso Turístico de Viviendas?

Según la norma aprobada, el uso turístico de una vivienda se considerará una actividad económica, y solo podrá realizarse donde el planeamiento municipal lo autorice. Los ayuntamientos deberán garantizar que al menos el 80% del suelo residencial se destine a vivienda habitual – 90% en islas turísticas, zonas con alta presión de mercado y en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) -. En las zonas tensionadas se suspenderán las nuevas licencias, aunque los propietarios actuales mantendrán las suyas. Las futuras solicitudes dependerán del planeamiento municipal.