La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas expresan su “más rotundo y unánime rechazo” a la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en la reunión de la ICCAT de noviembre en Sevilla, la 29ª, que abre la puerta a la pesca de cerco de rabil y atún en Canarias.
En un comunicado conjunto, los pescadores denuncian que el documento autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del Archipiélago. Esta iniciativa “sigue contando” con la “desaprobación absoluta” del sector pesquero canario, que ya trasladó en su momento a la empresa que promovió inicialmente esta idea, y como posteriormente “se reiteró de forma clara” a la propia Secretaría General de Pesca.
“No existe respaldo alguno desde Canarias, ni del sector, ni desde el Gobierno regional para esta iniciativa”, esgrimen esta federaciones. “Para más inri, ni el sector ni el Gobierno de Canarias en materia de pesca fueron consultados ni informados de la intención de que dicha iniciativa sería presentada por el Gobierno de España para incluirla en el mandato de negociación de la Unión Europea en ICCAT”.
A las cofradías les “resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa al futuro de las pescas en Canarias, se haya propuesto de esta manera”. Este proceder, “sin la previa aprobación y visto bueno del sector local que desarrolla su actividad en aguas de una región especialmente sensible y frágil, y sin la obligada coordinación con el Gobierno de Canarias, vulnera”, a su entender, “los principios de consulta y participación establecidos en la legislación vigente”.
Arguyen que el artículo 7 de la ley 5/2023, de pesca sostenible e investigación pesquera, establece que los requisitos adicionales para el acceso a los recursos pesqueros, como los contemplados en un plan piloto de estas características, deben fijarse “previa consulta a las comunidades autónomas y al sector pesquero afectado”. En consecuencia, concluyen, “la ausencia de consulta contraviene esta obligación básica de cooperación y participación, y desatiende las competencias de la Administración autonómica”.
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