El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes un decreto –que pasa ahora al Consejo Consultivo para emitir informe– que implanta un nuevo modelo de acceso a la vivienda pública que incluye la eliminación del sorteo y fija como requisito residir durante 10 años en las islas o 15 años si se hace de forma discontinua.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha comentado que a partir de ahora se implanta una “baremación objetiva” en base a la “situación social, económica y las circunstancias familiares” de los demandantes.
Además, ha señalado que se incluye de manera obligatoria un registro único y valorado que se está “priorizando” a los residentes ante la emergencia habitacional que hay en el archipiélago.
En ese sentido ha comentado también que aumentan los “cupos protegidos” de tal forma que los jóvenes pasan del 5% al 20%, los mayores de 65 años del 5% al 10%, las víctimas de violencia de género del 5% al 8% y las personas con limitaciones funcionales, del 5% al 10%.
Rodríguez ha señalado también que se va a impulsar la “modernización del modelo constructivo” a partir de la vivienda modular o prefabricada que no son “infraviviendas” como sucedía en el pasado, sino viviendas “dignas” y “adaptadas al territorio”.
La norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.
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