El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha resuelto de manera definitiva la convocatoria de subvenciones de 2025 destinada a la construcción de viviendas protegidas de promoción privada para su destino al arrendamiento, con una dotación global de 2.000.000 de euros.
La resolución del organismo autonómico que dirige Antonio Ortega otorga ayudas a dos promotores hasta agotar el crédito disponible. En primer lugar, se concede una subvención de 1.097.632,20 euros a la entidad Viviendas Gran Canaria 2025. Asimismo, se asigna una ayuda de 902.367,80 euros a la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa).
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo regional para incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler, al objeto de “favorecer la colaboración público-privada y facilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles; especialmente, en los ámbitos urbanos con mayor tensión residencial.
Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias refuerza su “compromiso con una política de vivienda orientada al alquiler, alineada con el Plan de Vivienda de Canarias”. Precisamente, la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan) ha sacado a licitación el servicio de redacción del proyecto de ejecución y la dirección de las obras de una promoción de 200 inmuebles protegidos, con garajes y trasteros, en el término municipal de Arrecife, en la isla de Lanzarote.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y el Cabildo de Tenerife han suscrito un convenio de cooperación para canalizar fondos insulares a las líneas de ayudas autonómicas; particularmente, entre la población con menores recursos económicos y los jóvenes.
Colectivos sociales piden la retirada del decreto de demandantes
El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y la plataforma Derecho al Techo han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman la retirada y la nulidad del decreto de vivienda pública aprobado por el Gobierno de Canarias que fija una residencia mínima de 10 años en el Archipiélago. Consideran que es “ilegal y jurídicamente impugnable, ya que vulnera normas de rango superior, como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía y el 47 de la Constitución”.
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