El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los presidentes de los cabildos de Tenerife, Rosa Dávila; La Palma, Sergio Rodríguez; La Gomera, Casimiro Curbelo; y El Hierro, Alpidio Armas, firmaron ayer los nuevos convenios de dependencia, que recogen más de 900 millones de euros en cuatro años para financiar el servicio.
Estos fondos garantizan recursos hasta el año 2028 para 6.549 plazas asistenciales -tanto residenciales como diurnas-, además de otros servicios clave para la calidad del sistema de dependencia y discapacidad en las Islas.
Clavijo subrayó que los convenios no solo son un hito en la cooperación interinstitucional, sino un reto de inversión en el que todas las administraciones lanzan un claro mensaje: “Estamos con la ciudadanía más vulnerable y en el camino correcto para conseguir que todas las personas con una dependencia o una discapacidad, al igual que sus familias, tengan una respuesta”. Además, recordó que los convenios con los siete cabildos suponen una inversión de 1.630 millones de euros entre 2025 y 2028, lo que contribuirá a seguir avanzando en la mejora de la atención de la dependencia y de la discapacidad.
También hizo hincapié en la reducción del tiempo medio de espera para recibir la ayuda a la dependencia hasta los 14 meses, cuando era de 26. “El objetivo pasa por reducirlo a los seis establecidos en la ley”. Asimismo, destacó las novedades introducidas en los equipos de discapacidad y la descentralización, que “acerca y facilita la evaluación a personas que no están en entornos metropolitanos”.
Se precisan más
Tras ser preguntado por el déficit de 10.607 plazas residenciales para mayores en las Islas, Clavijo aseguró que resulta “evidente que se precisan más plazas sociosanitarias”. Insistió también en el “compromiso” del Gobierno regional por avanzar la consolidación del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, un contexto en el que “se debe retomar el trabajo con el Estado” en la financiación, que tiene que aportar el 50% en el sistema de dependencia de la comunidad, ya que en 2025, “aportó solo un 19%” del total. “Aportar ese 30% que falta supondría contar en Canarias con 550 millones de más para abordar las infraestructuras”.
Por su parte, Rosa Dávila, dijo que el convenio “supone un paso firme y valiente” hacia una Canarias “más justa, más humana y más cohesionada” y destacó que “permite mejorar y ampliar la atención, avanzar en la calidad de los servicios y responder con justicia, eficacia y eficiencia a la la ciudadanía”.
Mientras, Sergio Rodríguez, reconoció que “no ha sido un camino fácil”, e incidió en el aumento de cuantías para autonomía personal y ayuda a domicilio. En la misma línea, Casimiro Curbelo resaltó que “garantizará la atención de los más vulnerables”, una demanda que aumenta y donde habrá que “destinar más recursos”. Por su parte, Alpidio Armas calificó de “buen convenio y básico, debido al envejecimiento, lo requerirá construir nuevas infraestructuras sociosanitarias”.
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