Apelando a la unidad, pero sin dejar pasar la ocasión para lanzar, él también, algún que otro dardo. Así se mostró Fernando Clavijo, durante la rueda de prensa en la que presentó el ya embarrado Decreto Canarias, cuya comunicación fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno y será remitida al Parlamento para su debate en las próximas semanas.
El presidente del Ejecutivo compareció al final de una mañana en la que, previamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática había sido tajante: “El 80 % de las cosas del decreto Clavijo no está en la Agenda Canaria”, afirmaba el líder de los socialistas canarios, haciendo referencia al pacto de investidura suscrito en noviembre de 2023 entre el PSOE y Coalición Canaria. Ante estas críticas, Clavijo retó a los socialistas a decirle “con claridad qué artículo de este decreto no está recogido en la Agenda Canaria, en el Estatuto de Autonomía o en el Presupuesto de 2023”.
Más contundente se mostró con la reciente propuesta de Torres de aprobar, en el Consejo de Gobierno, un decreto autonómico con medidas económicas propias para vivienda, sanidad y educación. Una postura que tildó de “infantil”, y a la que respondió recordando la falta de mayoría absoluta del Gobierno central: “En el ámbito de nuestras propias competencias, Canarias ya cuenta con su presupuesto. Quien no lo tiene es el Gobierno de España”.
Propuestas
En el centro de este debate, que ya se ha convertido en otra partida de tenis política, figura un decreto con más de 50 medidas, 35 artículos y 12 disposiciones adicionales. Con ellas, el presidente autonómico espera asegurar y “materializar” lo que considera haber pactado en el pasado. Una voluntad que, según explica, comenzó a gestarse a finales de 2024, “al ver que las partidas no llegaban”. Tras esta situación, en una reunión con Pedro Sánchez, celebrada en agosto en Lanzarote, trasladó la necesidad de establecer un texto legal que garantizara los recursos y medidas “imprescindibles para que esta tierra siga avanzando”.
Siguiendo un ejercicio de pedagogía, el Gobierno canario resumió y presentó ayer por capítulos: Recuperación social y económica, Apoyo a colectivos vulnerables y Compensaciones del Estado por la lejanía e insularidad de Canarias. Entre los puntos más destacados, se exige al Gobierno de Sánchez que garantice la continuidad, al menos durante dos años más, de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias, para lo que se reclama al Estado que aporte 160 millones de euros anuales. También, en materia de vivienda, se solicitan 105 millones de euros en 2026 y 2027 para impulsar la vivienda protegida, así como la cesión de suelo público estatal.
Entre otras peticiones, el decreto contempla disposiciones para que Canarias esté directamente involucrada en la gestión de los aeropuertos y participe en las negociaciones internacionales que le afectan, como las mantenidas con países como Marruecos o Senegal.
Más de 50 iniciativas “que afectan directamente a la calidad de vida de las personas”, aunque desde la oposición insisten en que sólo hay una coincidencia con la Agenda Canaria: el 75% de subvención a los residentes en el transporte.
Debate parlamentario
Pese a todo, Clavijo reitera la “posición de unidad canaria” y pide que no se importe “un clima de confrontación ni un ambiente tóxico ajeno”. Visto lo visto, estas peticiones parecen en vano, en medio de un ruido político que desde ayer ha subido el volumen frente a un decreto que aún ni siquiera ha sido debatido en el Parlamento.
El segundo set se llevará a cabo en la Cámara autonómica durante el pleno previsto para el 24 de febrero. Desde el Gobierno de Canarias esperan refrendar allí el texto, que además consideran “tiene garantizada una mayoría más que suficiente para ser convalidado” en el Congreso de los Diputados.
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