tribuna

El derecho a la opinión y la información en entredicho

Una opinión no es el resultado de un pálpito ni la manifestación del compromiso con una tendencia, ni siquiera una convicción irrenunciable. Una opinión puede ser variante, coyuntural, inadecuada y un montón de cosas más, pero lo que nunca podrá ser es insincera. Para expresar una opinión es necesario recurrir a la lógica expositiva pertinente. Lo de la pertinencia es algo que siempre me ha interesado como herramienta para formular un razonamiento. Es fundamental, así como la ausencia de pasión, de excesivo convencimiento y de todas esas cosas que eliminan la sospecha de sectarismo. A veces, una cuestión de estilo es capaz de disfrazar a la verdad, pero la mejor forma de hacerlo es escribir bajo la vigilancia de la duda. Entonces será más creíble, despojada de dogmatismo y de las obligadas obediencias y servidumbres a una militancia.

Una opinión es la demostración del ejercicio de la libertad. En esto, y en el respeto a los demás consiste la exposición de los criterios e impresiones personales que a cada uno le surgen de su espontaneidad. Pueden ser erróneos, pero no lo son si se consideran como propuestas para enriquecer un debate en torno a ellas. Esto es lo que tengo que decir en cuanto a la opinión. Otra cosa es la información. La información también es opinable porque siempre existen versiones diferentes en el relato de los hechos. Cuando no coinciden con lo que sale de la matriz generadora se dice que es un bulo. Tachar de bulo es desautorizar la verosimilitud de lo que se informa. Luego está la interpretación de aquello que se relata, por lo que la opinión se transforma en bulo al preferir una u otra de las exégesis de lo que se cuenta.

Esto que expongo forma parte de la estructura fundamental de un sistema democrático, de la misma forma que su negación demuestra bien a las claras que estamos en las puertas de una autarquía, cuando no de una dictadura. Llevar estas sospechas a la tribuna donde se representa a la soberanía nacional es atentar contra los principios constitucionales más básicos. La garantía de la veracidad de las informaciones y el quebranto que pueden ocasionar en los derechos fundamentales es algo que compete a los tribunales de justicia, y hay suficientes cuerpos legales para garantizarlos. Desacreditar a la prensa desde el discurso político es una bajeza que no tiene parangón en un sistema como el nuestro, lo haga quien lo haga. Peor es el intento de control y la creación de plataformas inquisidoras que actúan para dividir a los buenos de los malos, haciendo sospechoso de un delito innombrable a quienes no coincidan con la aceptación de un relato oficial. Estas actitudes son las que producen rechazo en la sociedad actual. No hay que buscar más razones para justificar el desgaste, con las expuestas es suficiente.

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