Arrecife ha dicho basta a la impunidad administrativa. El pleno del Ayuntamiento, en su sesión del pasado viernes, ha ratificado una contundente sanción de 30.000 euros contra los titulares de dos locales que operaban de forma ilegal en la capital lanzaroteña.
El caso más llamativo, que ha dejado estupefactos a los técnicos municipales, implica a un establecimiento que combinaba actividades tan dispares como la venta de armas militares y la organización de clases de salsa y bachata.
La Policía Local de Arrecife y la Guardia Civil han sido piezas clave en una investigación que ha culminado con el decreto de clausura inmediata de ambos espacios.
Según consta en el expediente sancionador, los responsables han cometido una infracción muy grave a la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias.
Armas, baile y “turismo de acampada”
El local en cuestión, que operaba bajo una apariencia de espacio de coworking, acumulaba un historial de irregularidades difícil de igualar.
Hace apenas un año, los agentes ya habían detectado en su interior la presencia de casetas de campaña que se ofertaban fraudulentamente como alojamiento turístico, un hecho que ya fue derivado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, la actividad no cesó. El instructor del caso ha acreditado ahora que el establecimiento funcionaba como:
- Punto de venta de artículos deportivos militares y armas sin la preceptiva autorización del Ministerio del Interior.
- Sala de eventos comerciales para la impartición de clases de salsa y bachata.
- Centro de actividades sin ningún tipo de licencia municipal de apertura.
Mano dura contra los locales clandestinos
De forma paralela, el Consistorio ha clausurado un taller mecánico ilegal ubicado en el barrio de Titerroy. Tras un exhaustivo seguimiento de la Policía Local, se determinó que el negocio carecía de cualquier permiso para la reparación de vehículos, sumándose así a la sanción de 15.001 euros impuesta por el pleno.
El Ayuntamiento de Arrecife refuerza con esta medida su compromiso contra la competencia desleal y la inseguridad ciudadana, recordando que ejercer actividades clasificadas sin autorización supone un riesgo tanto para los usuarios como para la convivencia vecinal.
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