Tres meses. Es el tiempo que les queda a miles de canarios para justificar correctamente sus inversiones derivadas de las ayudas Moves (para adquirir vehículos eléctricos e instalar puntos de recarga) y de Autoconsumo (instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento). De no presentar toda la documentación requerida antes del 30 de junio, no recibirán estas subvenciones, que en el caso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos pueden rondar los 4.500 euros.
“Mucha gente no entiende que cuando te presentas a una convocatoria de subvenciones, primero presentas una solicitud; luego yo te concedo la ayuda; tú compras… y, cuando justificas ese gasto, yo te lo pago. La gente se pierde en el penúltimo paso”, advierte la directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética, Raquel Moreno.
Según expone Moreno, se han concedido 22.788 expedientes por un importe global de 112 millones de euros. Sin embargo, de todos estos casos, poco más del 40% ha sido correctamente justificado. Ante esta situación, la administración lleva meses impulsando una campaña para llegar todos aquellos que aún no han completado los trámites requeridos.
Los casos más preocupantes son los de aquellos beneficiarios a los que no han logrado localizar: muchos expedientes se abrieron en 2021 y los datos de contacto a menudo pertenecen a intermediarios que ya no representan al ciudadano o a empresas que incluso han desaparecido. Por ello, se pide comprobar que la información esté al día. “Son errores que impiden cerrar el expediente, aunque la inversión esté realizada”.
Con el fin de justificar los pagos y poder recibir las ayudas, los afectados pueden acudir a las sedes físicas de las Oficinas de Energía (en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Palma), llamar al 922 533 533 o escribir al correo oficinasenergia@oficinasenergia.es. Muchos ya se han movilizado desde el inicio de la campaña: “Se produjo una avalancha de llamadas. Pedimos paciencia porque estamos haciendo todo lo posible”.
Cabe recordar que estas ayudas pertenecen a los fondos Next Generation, que, de no ejecutarse correctamente antes del 30 de junio, deberán ser devueltos a Europa. Una situación ante la que Transición calcula que podrían desaprovecharse cerca de 200 millones de euros. “Lo que no queremos es que nadie pierda el dinero, ni tener que devolverlo ni que la gente deje de cobrar por no saber que tenía que justificar”, concluye Moreno.
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