Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid y secretario general del PSOE en Canarias, principal partido de la oposición en las Islas, Ángel Víctor Torres vive con la doble faz de ser, por un lado, el interlocutor oficial del Estado con las Comunidades Autónomas y, a la vez, el jefe de la oposición que aspira a desalojar a CC, PP y sus socios del Gobierno regional. Esta doble misión lo coloca en el centro de cualquier debate que surja entre España y Canarias. En las últimas semanas, encarna especialmente la postura contundente de su partido contra lo que ellos mismos denominan decreto Clavijo, votado, con la abstención de los socialistas, el pasado martes en el Parlamento. En esta entrevista profundiza en los motivos de su crítica a esta iniciativa, en la razón del no rechazo en el Parlamento, así como en otras cuestiones de actualidad, como la distribución de menores migrantes o la candente financiación autonómica.
-El Decreto Canarias ha sido duramente criticado por su partido. Fernando Clavijo asegura que el texto atiende problemas estructurales de las Islas ante la ausencia de Presupuestos Generales. ¿Significa esto que el PSOE se opone a mejoras para Canarias, como afirma el Gobierno autonómico?
“En absoluto. Lo que hemos dicho es que hay que actuar siempre con rigurosidad y coherencia. Si alguien señala al PSOE -que no votó en contra de la propuesta, se abstuvo- de lo que nosotros llamamos decreto Clavijo en el Parlamento, ¿qué tendrían que decir del Gobierno de Canarias, que votó en contra de nuestro decreto para mejorar la educación, la sanidad, los derechos sociales y bajar la presión fiscal a las clases medias y bajas? Ahora bien, tenemos que ser claros, porque este decreto empezó mal, y lo que mal empieza, mal termina. Hemos ido a hechos consumados. El presidente ha llevado a los grupos parlamentarios un texto con cantidades determinadas y puntos concretos sin negociación previa. Un decreto que no es la Agenda Canaria, y eso está demostrado. Creo que se ha roto un mecanismo de lealtad que hemos mantenido hasta ahora y que pedimos que se reconduzca por el bien de esta tierra.”
-Con respecto a si las medidas figuran o no en la Agenda Canaria, el presidente argumenta que en ese acuerdo con el Gobierno central no se hablaba de cifras específicas, por ejemplo, los 105 millones para vivienda o los 20 millones para la transición energética, y que ahora se plantean como cifras máximas para negociar a partir de ahí…
“Primero tienes que plantear legalmente al Gobierno qué cantidades quieres proponer y sentarte en una mesa, en este caso con la ministra de Hacienda, que es quien firma la Agenda Canaria, porque esas cantidades debieron añadirse en su momento, cuando se cerró la Agenda Canaria. Eso no ha ocurrido. Por eso se ha hecho mal y se han creado expectativas falsas. Si se quería replantear la Agenda Canaria, nos sentamos a negociar y, al final del proceso, cuando se llega a un acuerdo, se dice: hemos acordado un 40%, un 30%, un 20% o lo que sea, y entonces se hace público. Ese debería haber sido el mecanismo. Cuando tú llegas a un acuerdo y lo firmas, no puedes cambiar las reglas a mitad del partido. Y eso es lo que está pasando”.
-Y si vamos más allá de las cuestiones de forma que comenta, al final se trata de recursos adicionales para las Islas. Si los fondos llegan, ¿realmente importa el mecanismo administrativo? ¿No sería excesivo bloquear estas partidas por un posible celo competencial?
“No, no tiene nada que ver con ningún celo competencial. Hay cuestiones que tienen que surgir del consenso, del diálogo, de sentarse en una mesa y, posteriormente, trasladarlas a los acuerdos pertinentes. Ese es el procedimiento correcto”.
-Pero si las cosas se hubiesen hecho correctamente, como usted dice, ¿lo habrían apoyado?
“Yo lo que digo es que todo lo que sea bueno para las Islas no debe ser rechazado. El Partido Socialista no rechazó el decreto Clavijo. Y, sin embargo, el presidente de Canarias votó en contra de un decreto del PSOE que era bueno para las Islas. Por tanto, no soy yo quien entra en contradicción”.
-Justamente, el pasado martes el grupo parlamentario del PSOE no rechazó la comunicación del ‘Decreto Canarias’, se abstuvo, algo que sorprende, viendo las críticas que se venían haciendo semanas antes. ¿Cómo explica esta postura?
“Muy sencilla. Porque hay cuestiones que están en ese decreto y que forman parte de la Agenda Canaria. Somos un partido de Estado, tenemos un acuerdo con una de las fuerzas que están en el Gobierno de Canarias, que es Coalición Canaria, y queremos que la situación se retome desde el punto de vista institucional, de acuerdo con un orden lógico. Pero es lamentable que, incluso después de que nosotros nos hayamos abstenido, el presidente haya votado en contra de nuestro decreto. Exigir a España no entra en contradicción con aceptar aumentar las partidas propias ante políticas que han fracasado. Por ejemplo, si se piden más fondos para vivienda, se puede hacer. Canarias recibe hoy 18 millones de turistas, con récords de ingresos, y aún así el Gobierno de Canarias no ha bajado los impuestos dos puntos como prometió en campaña electoral. Ese ha sido uno de los mayores engaños electorales de los últimos años en nuestra tierra: un gran reclamo, una gran mentira y un gran fraude”.
-Pero parece algo paradójico: critican este texto tildándolo incluso de “paripé” y “engaño” y, sin embargo, a la hora de votar no lo rechazan.
“Nosotros hemos firmado la Agenda Canaria. Hay cuestiones que forman parte de ese acuerdo. Hablemos de la Agenda Canaria, concretemos, especifiquemos y veamos en qué se puede mejorar dentro de esa relación firmada para la gobernabilidad de España. Esa es la razón por la que no hemos votado en contra”.
-¿Ha hablado con la ministra Montero u otros miembros del gobierno central para conocer en qué punto se encuentra esta cuestión y cuál es la postura desde Madrid?
“No, no ha sido necesario que yo hablara con ellos. Ellos han leído los periódicos y, de hecho, se han sorprendido de que esto estuviese en los medios, porque entienden que aquí ha faltado un paso fundamental: sentarse previamente, como hicimos con el decreto de menores, para avanzar, consensuar y acordar”.
-Más allá de este asunto, en las últimas semanas ha mantenido encuentros con sindicatos y organizaciones empresariales para presentar y defender el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. ¿Cree que se están entendiendo suficientemente las bondades de esta iniciativa?
“Es muy sencillo: ¿Queremos quedarnos con el sistema actual o queremos tener 1.100 millones más? ¿Hay alguna alternativa que mejore esa cifra? Yo no he escuchado ninguna”.
-Da la impresión de que el mensaje que más cala en muchos ámbitos es el de que “todo se lo lleva Cataluña.
“Pero es que ese es el simplismo del “todo se lo llevan”. ¿Cómo que todo? Nosotros firmamos un acuerdo con distintos grupos políticos y, con Coalición Canaria, firmamos modificar la ley para que los menores que estaban en Canarias pudieran ser distribuidos por el resto del territorio. Hemos cumplido. Y hay quienes, en otros lugares, dicen que eso es priorizar a Canarias. No: eso es responder a un acuerdo firmado. Con Esquerra se aprobó proponer un sistema de financiación y es lo que hemos hecho. Pero Canarias gana 1.100 millones de euros. ¿Dónde está el daño a Canarias?”.
-Esta semana estuvo en Ceuta para trabajar en la coordinación del reparto de menores tras la reforma de la Ley de Extranjería. ¿Qué valoración hace de este proceso?
“Sin duda, es un hito. Se votó en dos ocasiones: la primera fue un fracaso, porque no conseguimos la mayoría parlamentaria. La segunda fue un éxito, a pesar del voto en contra del Partido Popular y -lo digo claramente- de la traición del PP de Canarias, porque el señor Manuel Domínguez no dio la orden de votar a favor, y los diputados canarios del PP votaron en contra. Eso fue una traición al que, según el propio presidente canario, era el asunto más importante de la legislatura. A partir de ahí, los datos son claros: ya han salido de Canarias más de 1.000 menores. Que en pocos meses hayan salido ya más de 1.000 menores no tiene precedentes en la historia de nuestro país”.
-Sin embargo, usted viene alertando de que la reubicación de menores migrantes llegados a Canarias apenas alcanzó el 30% el año pasado.
“Hay distintas velocidades. Y esto no es una opinión política, son datos firmados por funcionarios del Gobierno de España a fecha 20 de febrero. El Estado ha completado los trámites de cerca de 700 menores y quedan en torno a 500 que ya tienen destino asignado y que deberían haber salido de Canarias. Esa parte corresponde a la gestión de la comunidad autónoma. Cuando decimos que Canarias ha ejecutado aproximadamente el 30% de los traslados que le corresponden, hablamos de un porcentaje inferior al de Ceuta, que supera el 70%, o al de Melilla, que está por encima del 80%. En cualquier caso, mantenemos la mano tendida para mejorar la colaboración y garantizar el éxito total de este proceso”.
-El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente completar traspasos de competencias clave, como la gestión litoral, el REF o la gestión aeroportuaria. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones y qué opina sobre las críticas desde Canarias de que el Estado está dificultando estos procesos más que con otras comunidades autónomas?
“Yo soy ministro de Política Territorial desde 2023, y en este tiempo muchas comunidades han solicitado traspasos de competencias, algunas incluso desde finales de 2023 o comienzos de 2024. ¿Saben cuándo nos lo pidió el Gobierno de Canarias? En 2026. O sea, también hay que preguntarse por qué durante más de dos años y medio el Gobierno de coalición de Canarias, con el Partido Popular, no reclamó ningún traspaso ni transferencia al Gobierno de España. Por tanto, un poco de seriedad y rigor en los análisis es imprescindible. Nosotros ya hemos respondido. En la carta oficial al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transporte las peticiones que hacen para que, una vez recibidas sus respuestas, se activen las mesas técnicas correspondientes”.
-Al final, usted ocupa un rol particular: por un lado es el interlocutor oficial del Estado con las comunidades autónomas y, a la vez, el jefe del PSOE canario. ¿Cree que esta doble función podría terminar convirtiendo la mesa de negociación entre Madrid y Canarias en un campo de batalla electoral?
“Tanto en un lugar como en el otro priorizo la defensa del interés general, del bienestar de la ciudadanía y de mi tierra. El decreto ley de los menores es una de las iniciativas de las que, cuando termine mi carrera política, me sentiré más orgulloso. Defender Canarias implica actuar en temas decisivos, y se dio la oportunidad de que saliera adelante estando yo en el Consejo de Ministros. Esta dualidad es compatible: ser secretario del PSOE y trabajar desde el Gobierno de España con lealtad al Gobierno de Canarias, de otro color político. Quienes me acusan de sumiso al Gobierno son los mismos que votan en contra de decretos clave como los de menores, La Palma o para evitar apagones. Ese es el Partido Popular, paradójicamente en el Gobierno de Canarias, tras traiciones a los grandes asuntos de nuestra tierra”.
-Y con respecto a esos “asuntos de nuestra tierra”, ¿aspira a ser candidato en las próximas elecciones autonómicas?
“Primero decidirán los militantes. Luego, tendré que evaluar mi situación personal y mi salud, que debe estar acorde con la responsabilidad del cargo. Llegado el momento, estaré a disposición de mi organización, y si la familia, la salud y los militantes quieren, estaré donde ellos deseen”.
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