La Audiencia Provincial de Barcelona ha determinado que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife (CIATF) tiene derecho a recibir una indemnización de casi 3 millones, derivados de la resolución del contrato con la concesionaria del suministro de electricidad.
El fallo reconoce al organismo autónomo un privilegio general por valor de algo más de 1,4 millones y otro ordinario por la misma cantidad, en el incidente concursal de Aura Energía dado el “incumplimiento culpable” del contrato suscrito en noviembre de 2019.
Dicha empresa había comunicado que no podía mantener sus obligaciones desde finales de 2021, por lo que las traspasó a otra adjudicataria para evitar causar mayores perjuicios.
El motivo alegado para anular el contrato eran las pérdidas económicas provocadas por la subida del valor de la compra de energía que suministraba a un precio fijo, rechazando pagar una indemnización al no ser responsabilidad suya y no existir nexo casual con el daño alegado, pero un tribunal mercantil dio la razón al Cabildo y reconoció su derecho a cobrar, al igual que el resto de acreedores.
El 5 de noviembre de 2019 se suscribió el acuerdo por medio del cual la empresa Aura se comprometía a suministrar energía para el servicio de aguas insular durante dos años prorrogables hasta cuatro, que debía vencer el 31 de diciembre de 2021.
En septiembre de ese año la empresa comunicó al CIATF su voluntad de ampliarlo doce meses más pero, poco después, informó de la resolución del acuerdo y traspaso del suministro a otra entidad, ante lo que el Cabildo le instó a cumplir el contrato como se había pactado.
En diciembre se declaró el concurso, que fue comunicado al Cabildo en enero, reclamando el pago de las deudas que mantenía con la empresa y para ello procedió a determinar los daños y perjuicios y viabilidad de la compensación, lo que fue archivado en abril de 2022 por incumplir los plazos.
El CIATF dio por terminada la relación en julio y se fijaron los daños en 2,9 millones, lo que rechazó la empresa al negar que hubiera causado perjuicios o que en todo caso éstos debía fijarlos un juez.
La legislación, sin embargo, contempla que la resolución de un contrato en el sector público por incumplimiento de la adjudicataria da lugar al pago de una indemnización en la cifra que exceda el importe de la garantía incautada.
En las normas se señala que el CIATF era el órgano competente para resolver el contrato y fijar la indemnización, lo que se comunicó a la Autoridad concursal fuera de plazo.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas