El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer, en Junta de Gobierno, autorizar a la Asesoría Jurídica a interponer un recurso por la vía de lo Contencioso-Administrativo contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), entidad dependiente del Cabildo, por no asumir “de inmediato” la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, sita en Cabo Llanos, cuyo peso recae solo en la capital.
El Consistorio requirió en noviembre de 2025 que el Consejo Insular de Aguas declarase el carácter supramunicipal del sistema territorial de saneamiento asociado a la depuradora, infraestructura que presta servicio no solo a Santa Cruz, sino también a los municipios de La Laguna y El Rosario, cuyos vertidos representan más del 50% del caudal tratado en los últimos años.
No obstante, la reciente decisión del Cabildo al respecto, donde según los informes técnicos no es viable asumir esta gestión hasta que no concluyan los trabajos de ampliación de la EDAR que ejecuta el Estado, no ha satisfecho al Ayuntamiento chicharrero. “Entendemos que la depuradora tiene un claro ámbito comarcal, pues recibe aguas de tres municipios y, en nuestro caso, el porcentaje de aguas que se depura está por debajo del 50%. Por ello, es una incongruencia que sigamos asumiendo unas competencias que han de pasar de inmediato al Cabildo”, afirmó ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife.
El edil añadió que “es una pena que no haya habido capacidad de diálogo por parte del Consejo Insular de Aguas y que respondan ahora que asumirá la gestión de la EDAR cuando el Ministerio de Transición Ecológica termine la obra, cuyos plazos iniciales se prevén en noviembre o más. Nosotros no lo vemos así y por lo tanto iremos a un contencioso ante la postura que ha tomado el CIAFT, que es un poco de perfil”.
“El Consejo Insular de Aguas opta por gestionar la depuradora cuando la actual obra de ampliación finalice, pero nosotros tenemos muy claro que no vamos a seguir permitiendo que este Ayuntamiento continúe gestionando una instalación que trata aguas residuales de otros municipios. Tiene un claro carácter comarcal y vamos a defender, por la vía que sea, los intereses de los chicharreros”, sentenció Carlos Tarife.
La iniciativa se adopta tras reiterar esta solicitud al Cabildo tinerfeño en 2020, 2022 y 2024, pese a que la normativa en materia de aguas atribuye a este organismo la gestión de las infraestructuras de carácter supramunicipal. Ahora, tras un nuevo intento, el CIATF alude a informes técnicos que desaconsejan iniciar en estos momentos el procedimiento, por lo que el Consistorio municipal ha decidido emprender acciones judiciales que, según Tarife, estarán concluidas en un mes para presentarlas en el juzgado.
El concejal reiteró que “no existe ninguna razón legal ni técnica que impida al Consejo Insular de Aguas de Tenerife asumir la gestión, tal y como establece la normativa” y, añadió, que “hemos colaborado siempre, aportado información, participado en reuniones y facilitado todos los avances necesarios, pero no podemos aceptar que la asunción de responsabilidades quede supeditada a la finalización de unos trabajos cuya ejecución no depende de este Ayuntamiento”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó en su momento que “Santa Cruz ha sido responsable y ha gestionado durante décadas una instalación que beneficia a la comarca, pero ha llegado el momento de que el Consejo Insular de Aguas asuma las competencias que marca la ley. No podemos seguir soportando en solitario la gestión de una depuradora que trata mayoritariamente aguas procedentes de otros municipios. Lo que pedimos es que se cumpla la normativa y que se dé seguridad jurídica a un servicio esencial”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas