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Más de 1.500 dependientes en Canarias se beneficiarán del nuevo servicio de ayuda a domicilio

Bienestar Social destina 16,8 millones de euros para implantarlo en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura
Más de 1.500 dependientes en Canarias se beneficiarán del nuevo servicio de ayuda a domicilio
Más de 1.500 dependientes en Canarias se beneficiarán del nuevo servicio de ayuda a domicilio

La Consejería de Bienestar Social destinará 16,8 millones de euros al nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, con el objetivo de atender a 1.500 personas en situación de dependencia.

El contrato, adjudicado y con una duración inicial de un año prorrogable por otro, permitirá realizar “una cobertura efectiva y homogénea en todo el Archipiélago, ofreciendo una calidad común con un control público y una supervisión comparable”.

Este nuevo servicio se suma al que ya se presta en La Palma, Gran Canaria y El Hierro, donde atiende a más de 1.800 usuarios a través de convenios con los cabildos insulares, que también han visto incrementado el precio por hora hasta niveles similares al nuevo contrato.

La consejera, Candelaria Delgado, enmarcó la iniciativa en la necesidad de “corregir una de las debilidades del sistema de dependencia” en Canarias, al señalar que muchos beneficiarios con prestación reconocida no podían hacerla efectiva por falta de empresas que prestaran el servicio. “La situación de muchos usuarios no es que no quieran hacer efectiva la prestación, sino que no encuentran empresas o servicios que se lo presten”, afirmó. El contrato busca “paliar esta carencia” especialmente en Lanzarote, Fuerteventura o La Gomera.

Para la prestación del servicio BCM Gestión de Servicios S.L. prevé un equipo de más de 550 profesionales, entre ellos 545 auxiliares de ayuda a domicilio, coordinadores y administración, que cubrirán unas 717.000 horas de atención.

El Servicio de Ayuda a Domicilio está dirigido a personas con dependencia reconocida y tiene como finalidad facilitar su permanencia en el entorno habitual mediante apoyos en actividades básicas de la vida diaria, atención doméstica y acompañamiento social. Entre las prestaciones figuran la ayuda en higiene personal, alimentación o movilidad, la supervisión de la medicación, así como tareas del hogar como limpieza, compra o lavado de ropa, además de apoyo emocional para reducir situaciones de aislamiento.

El modelo se basa en una atención individualizada, con una evaluación previa de cada usuario y la intervención de personal cualificado en atención sociosanitaria. Los usuarios se distribuyen según su grado de dependencia, con un 20% en el grado I, con una atención estimada de 20 a 37 horas mensuales; el 60% en grado II, con una atención estimada de 38 a 64 horas; y un 20% en el grado III, con intensidades de atención de entre 65 y 94 horas mensuales.

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, señaló que “las intensidades vienen determinadas según el grado de dependencia, pero también es verdad que a veces nos encontramos con usuarios que nos dicen, sobre todo en los grados III, que aunque les corresponden entre 65 y 94 horas, la persona no quiere esa intensidad de horas, pues se le da menos”.

1 de mayo

El servicio comenzará a implantarse a partir del 1 de mayo de forma progresiva, según explicó la directora general de Dependencia, que indicó que no todos los usuarios estarán incorporados desde el inicio.

Actualmente, unas 4.800 personas permanecen en lista de espera en Canarias para acceder a este tipo de prestación, por lo que la puesta en marcha del servicio y el refuerzo en el resto de Islas buscan reducir esa demora.

Mientras, la consejera destacó que el contrato incorpora mejoras laborales y condiciones que incluyen el pago de desplazamientos, con el objetivo de facilitar la cobertura en zonas alejadas y afrontar la falta de personal en el sector sociosanitario. “Vamos a garantizar que todo usuario que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste ese servicio”, aseguró Delgado.

La iniciativa refuerza la atención domiciliaria y favorecer que las personas dependientes permanezcan en su entorno, evitando su institucionalización en centros residenciales cuando no sea necesario.

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