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Confirmado por el BOE: las empresas tendrán que rehacer las nóminas de 2026

La publicación de la nueva orden de cotización tiene efectos retroactivos desde enero
Confirmado por el BOE: las empresas tendrán que rehacer las nóminas de 2026
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que las empresas deben rehacer las nóminas del primer trimestre de 2026. La publicación de la nueva orden de cotización tiene efectos retroactivos desde enero. Esta situación genera un colapso administrativo que afecta a millones de trabajadores y miles de departamentos de recursos humanos.

En las Islas Canarias, el impacto es especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas. Las gestorías del archipiélago denuncian una falta de margen de maniobra absoluta. Los profesionales isleños deben actualizar ahora los pagos realizados durante los meses de enero, febrero y marzo para cumplir con la legalidad vigente.

El Gobierno ha publicado la Orden PJC/297/2026 con fecha de 30 de marzo. Este documento fija las normas de cotización a la Seguridad Social y formación profesional. Aunque la norma entró en vigor el 1 de abril, su aplicación comienza el uno de enero. El retraso administrativo obliga a corregir todas las gestiones realizadas en el arranque del año.

El Consejo General de Graduados Sociales de España califica la situación de inadmisible. Joaquín Merchán, presidente de la entidad, critica la falta de seguridad jurídica. Merchán asegura que los despachos han trabajado sin información oficial durante tres meses. Las empresas y los empleados desconocían las cifras exactas de sus aportaciones al sistema público.

Nóminas de marzo

La Seguridad Social regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero. Sin embargo, las nóminas de marzo quedan fuera de este proceso automático. Las empresas canarias y del resto del país deben adaptar los pagos de forma inmediata. Los expertos advierten de que este caos administrativo se repite de forma sistemática desde hace cuatro años.

Esta anomalía implica realizar liquidaciones complementarias en tiempo récord. El retraso coincide además con el cierre de impuestos de las sociedades. Los graduados sociales exigen al Ejecutivo que las normas se publiquen antes de comenzar el ejercicio económico. La incertidumbre actual perjudica la planificación financiera de las pymes españolas.

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