El Europarlamento aprueba ‘campos de concentración’ para migrantes

El pleno del Parlamento Europeo culminó ayer su visto bueno a la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania. El nuevo reglamento de retorno, pendiente aún de la adopción formal por parte del Consejo (gobiernos) para su entrada en vigor, ha salido adelante en Estrasburgo con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.

Una vez en vigor, el marco para los centros de deportación extracomunitarios y las disposiciones sobre evaluación de edad de menores serán aplicables de inmediato y se dará un plazo de doce meses para otras medidas que necesitan adaptación en las legislaciones nacionales. Este reglamento reemplazará una directiva sobre retornos que suma casi dos décadas y crea el encaje legal para que los gobiernos puedan negociar con terceros países la creación de centros de deportación en ese territorio, a donde trasladar migrantes a los que se ha denegado el asilo una vez llegados a la UE y que están a la espera de ser expulsados a su país de origen o tránsito. Estos acuerdos con terceros países no son compatibles ahora con el Derecho de la Unión, pero el nuevo reglamento establece las condiciones para que lo sean, permitirá a uno, varios países o incluso a la UE negociar con un Estado tercero para instalar bajo su jurisdicción los centros.

En la víspera de esta votación, los 27 sentaron las bases para financiar estos centros, si sale adelante la arquitectura para el presupuesto plurianual 2028-34 en la forma en que los ministros de Asuntos Europeos pactaron el martes en Bruselas. Acordaron, con el rechazo de España, poder recurrir al fondo para la acción exterior, Global Europe. Aumenta el plazo máximo durante el que puede estar retenido un migrante en situación irregular: el reglamento permitirá hasta 24 meses con una prórroga de 6 meses si la persona a la que se deniega el asilo no coopera para agilizar su deportación o las autoridades ven riesgo de fuga. Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños.