La lucha policial y judicial contra las agresiones a la fauna doméstica en el Archipiélago ha sumado un nuevo e indignante capítulo que pone de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia estrecha sobre los infractores. Los episodios de maltrato animal en Canarias continúan activando los protocolos de los servicios de emergencia y de los cuerpos de seguridad del Estado. En esta ocasión, la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha procedido a la detención de un varón en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras ser sorprendido custodiando de forma ilegal a varias mascotas en su domicilio.
La operación de seguridad se desencadenó a raíz de una alerta temprana emitida por los servicios veterinarios municipales del propio ayuntamiento sureño. Esta valiosa información civil puso sobre la pista a los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), quienes iniciaron de inmediato una serie de comprobaciones técnicas para verificar si un ciudadano de la localidad estaba vulnerando las restricciones de tenencia de fauna impuestas previamente por los tribunales canarios.
El historial delictivo del maltrato animal en Canarias
Al personarse en la vivienda señalada, las patrullas del SEPRONA y de Seguridad Ciudadana comprobaron que el investigado mantenía bajo su control a dos gatos de corta edad, cuyos estadios de desarrollo biológico se situaban entre uno y tres meses de vida. La presencia de estos cachorros lactantes en el inmueble constituyó la evidencia material de un flagrante quebrantamiento, una conducta estrechamente vinculada a la reincidencia en el ámbito del maltrato animal en Canarias.
Tras realizar las correspondientes consultas en los sistemas informáticos y bases de datos de la judicatura y las fuerzas de seguridad, los agentes de la Guardia Civil constataron que sobre este individuo recaía una sentencia firme dictada por el Juzgado de Instrucción de Telde. Dicha resolución judicial le imponía una inhabilitación especial absoluta para la tenencia de animales por un periodo establecido de dos años, además de una condena complementaria de siete meses de prisión por un delito previo de maltrato. En aquel primer suceso, una mascota bajo su responsabilidad sufrió heridas corporales de gravedad extrema y quedó privada de la asistencia veterinaria obligatoria para su curación.
La gravedad del caso se acentúa al comprobar que el ahora arrestado muestra un patrón de conducta refractario a los mandatos de la ley. El expediente policial revela que el pasado mes de enero, esta misma persona ya había sido interceptada por las patrullas del SEPRONA tras vulnerar por primera vez la prohibición judicial. En aquella actuación de principios de año, los agentes procedieron a la incautación forzosa de un perro que el sospechoso mantenía retenido de forma ilícita en sus dependencias.
Protocolo de custodia y traslado al Juzgado de Telde
Ante este nuevo escenario de desobediencia reiterada, la Benemérita activó el protocolo de protección civil de las especies afectadas. Los dos gatos de corta edad fueron retirados de la vivienda de Agüimes de manera inmediata por los especialistas del SEPRONA, garantizando así su aislamiento de un entorno de riesgo potencial. Ambos felinos han sido puestos a disposición directa de las instituciones municipales de protección competentes, cuyos cuidadores certificarán su correcto estado de salud y les proporcionarán un alojamiento adecuado fuera de peligro.
Por su parte, el ocupante de la vivienda fue informado de sus derechos constitucionales antes de formalizarse su detención física por un presunto delito de quebrantamiento de condena. Las diligencias policiales instruidas, junto con el correspondiente atestado y los informes técnicos veterinarios sobre el estado de los cachorros rescatados, han sido remitidos formalmente a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, en funciones de guardia, para la continuación del procedimiento penal.
El marco legal del Archipiélago se ha vuelto especialmente severo con las conductas que atentan contra el bienestar de la fauna doméstica. Las autoridades insisten en que las inhabilitaciones dictadas por los juzgados de instrucción son de obligado cumplimiento y que la colaboración ciudadana, unida a la inspección de los servicios municipales, resulta una herramienta indispensable para que el maltrato animal en Canarias no quede impune tras las paredes de un domicilio particular. El imputado se enfrenta ahora a la posibilidad de que el juez dicte su ingreso inmediato en prisión al haber sumado dos infracciones consecutivas en apenas seis meses.
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