Sale a cuenta ser un gran corruptor

Hay sentencias que imparten justicia y hay sentencias que, aunque jurídicamente puedan estar impecablemente fundamentadas, dejan en la ciudadanía una sensación difícil de digerir. La conocida ayer sobre el caso Koldo pertenece a esta segunda categoría.

El Tribunal Supremo condena con dureza a los prin-cipales responsables políticos y operativos de la trama, como no podía ser de otra manera, pero reserva un tratamiento singular para quien durante meses fue presentado como el gran comisionista del escándalo: Víctor de Aldama. La razón es conocida. Su colaboración con la Justicia ha sido considerada “especialmente decisiva” para esclarecer los hechos. Y ahí surge el problema.

Porque el mensaje que muchos españoles reciben no es precisamente pedagógico. El mensaje que cala es otro: participar en una trama que mueve decenas de millones, frecuentar los despachos del poder, beneficiarse de los mecanismos de una corrupción que indigna al país y, llegado el momento oportuno, convertirse en testigo de cargo. Traducido al lenguaje de la calle: el chivato arrepentido, y además mentiroso -en su derecho ejercer de trolero profesional en su condición de imputado-.

La Justicia premia la colaboración. Es lógico. Es una herramienta utilizada en todos los sistemas democráticos para desmontar organizaciones criminales y descubrir delitos ocultos. Pero una cosa es premiar la colaboración y otra muy distinta proyectar la imagen de que el principal beneficiario acaba siendo quien mejor conocía el funcionamiento de la maquinaria.

El ciudadano que paga sus impuestos, cumple las normas y observa atónito los espectáculos periódicos de corrupción política, difícilmente entenderá que algunos acumulen fortunas, privilegios, contactos e influencia y que, al final del recorrido, la factura resulte sorprendentemente llevadera. La percepción pública es devastadora: para el que roba una cartera puede haber cárcel inmediata; para quien se mueve entre millones, siempre parece existir una puerta lateral.

Naturalmente, los jueces aplican la ley y no las emociones colectivas. Pero las democracias también viven de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y esa confianza se resiente cuando la conclusión aparente es que el negocio puede salir extraordinariamente rentable: si todo va bien, se gana dinero; si todo sale mal, siempre queda la posibilidad de colaborar, señalar a otros y negociar una salida.

Quizá sea legal. Quizá sea incluso útil para esclarecer los hechos. Pero resulta difícil convencer a la opinión pública de que es ejemplar. Porque la lección que muchos creen haber aprendido no es que el crimen no compensa. La lección que muchos creen haber aprendido es exactamente la contraria: que, en determinadas circunstancias, sale a cuenta ser un gran corruptor, hacerse millonario y terminar saliendo de rositas. Jaque mate.