Los usuarios de la Sanidad Pública de Canarias acumulan meses de incertidumbre y malestar ante los conflictos abiertos entre distintas categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y las Administraciones Estatal y Regional. A la huelga de médicos, que cumple su quinta semana mensual de movilizaciones se sumará este próximo viernes una jornada de paro en las ambulancias, así como una protesta en varios hospitales y centros de Salud por los recortes, reorganización de plantillas y el previsible cierre de servicios y camas previstos para este verano en centros como los Hospitales Universitarios de Canarias y de La Candelaria.
Asimismo, colectivos como los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) mantienen latentes sus conflictos ante las fallidas reclasificaciones laborales y reconocimientos profesionales bloqueados, a los que se sumarán los auxiliares administrativos y celadores el 22 de junio.
La sanidad pública canaria, con unos 45.000 trabajadores, atraviesa el momento de mayor tensión laboral de las últimas décadas. La Consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del SCS, Adasat Goya, comparecerán hoy para informar sobre los efectos de la huelga de médicos que, originariamente convocada en todo el país contra la propuesta del Ministerio de reforma del Estatuto Marco y otras reivindicaciones corporativas, también tienen peticiones específicas que deben resolverse en Canarias relacionadas con la organización del trabajo, las guardias, las retribuciones, traslados, etc. A las jornadas convocadas anteriormente por CESM, Semca, Médicos Unidos o Asociación MIR contra el SCS ahora se suma UGT, los días 23 de junio y el 23 de julio.
Solo a huelga de médicos en el Servicio Canario de la Salud (SCS) está provocando un coste millonario ante el retraso asistencial acumulado, el colapso de miles de citas y operaciones, y durísimos pasos atrás en las listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas diagnósticas.
Aunque desde Canarias se culpa al Ministerio de Sanidad por su incapacidad para solventar varios de estos conflictos, esto no debe ocultar la cuota de responsabilidad del SCS en algunos de ellos.
Ambulancias
La Consejera de Sanidad defendió ayer en el Parlamento la no intervención directa en el conflicto de las ambulancias tras llevar año y medio atascada la negociación del nuevo convenio colectivo del transporte de enfermos y accidentados. Mientras los trabajadores demandan la actualización urgente de salarios, jornada y otras condiciones laborales en convenio, la patronal mantiene el bloqueo de la negociación y el SCS esconde la cabeza argumentando que “el servicio está externalizado”.
Esther Monzón volvió a vincular las mejoras laborales y el reconocimiento profesional de los técnicos de emergencias sanitarias a un acuerdo dentro de la negociación del convenio colectivo del sector, y abogo por alcanzar un entendimiento “lo antes posible”. Recuerda que el actual convenio no contempla esta categoría profesional, sino la de técnico de transporte sanitario, por lo que cualquier modificación o reconocimiento debe acordarse en la actual negociación. Además, espera los resultados de un estudio sobre los costes del transporte sanitario en el ámbito nacional para valorar una posible actualización de las tarifas del servicio si no prosperan las negociaciones.
La paciencia de los trabajadores del sector se ha agotado y el malestar es creciente. A las críticas por los servicios mínimos se suma ahora diversos actos vandálicos acaecidos en los últimos días en la base de Los Realejos que han provocado que una veintena de vehículos de transporte sanitario no urgente hayan quedado inoperativos. Esto ha perjudicado gravemente a más de un centenar de pacientes que no han tenido de servicio para acudir a sus tratamientos no vitales, de rehabilitación o consultas con especialistas. Así como varios retrasos en la entrada de pacientes a quimioterapia o hemodiálisis.
Cierre de camas
Los trabajadores del SCS muestran su preocupación ante las medidas de recorte, reorganización de plantillas y el previsible cierre de servicios previstos en las gerencias hospitalarias y de Atención Primaria. A las protestas que ya comenzaron en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), ahora se suman los profesionales del Hospital Nuestra Señora de Candelaria para exigir “la paralización de estos recortes, el mantenimiento de los recursos asistenciales y la contratación necesaria para cubrir las necesidades durante el periodo estival”.
El sindicato de enfermería Satse denunció que los recortes en la contratación de personal en La Candelaria supondrán una reducción de recursos asistenciales y exigió a la gerencia que informe de manera “inmediata y transparente” sobre los cierres previstos y la planificación de recursos humanos. Se contempla el cierre total de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y de camas en distintas plantas con actividad quirúrgica, redistribuyendo personal entre plantas.
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