Nueve personas acusadas de un delito contra la salud pública admitieron este lunes los hechos en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, logrando una notable reducción de sus condenas. El pacto con la Fiscalía evitó el ingreso en prisión de todos los procesados tras aplicarse una atenuante por el retraso acumulado en el proceso judicial.
El tribunal impuso penas de un año y medio de cárcel para ocho de los encausados, mientras que al noveno se le fijaron dos años de prisión. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba penas de entre cuatro y cuatro años y medio de cárcel.
La suspensión del ingreso en prisión queda condicionada a que ocho de los condenados no vuelvan a delinquir en un plazo de tres años, periodo que se eleva a cuatro años para el noveno implicado.
Por qué se redujeron las condenas del caso
El Ministerio Público aceptó rebajar sustancialmente la petición de penas al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas, dado que los hechos ocurrieron hace ocho años. Esta circunstancia también se tradujo en una rebaja de la sanción económica: la multa impuesta pasó de los cinco millones de euros iniciales a dos millones de euros para cada uno de los implicados.
La operación policial se remonta al 13 de julio de 2018, fecha en la que la Guardia Civil localizó una lancha neumática cargada con 1,4 toneladas de hachís repartidas en 53 fardos. La interceptación de la sustancia estupefaciente se produjo a once millas de la costa del municipio norteño de Icod de los Vinos. Según los informes técnicos, la droga presentaba una pureza de entre el 22% y el 40%, alcanzando un valor estimado en el mercado negro de dos millones de euros si se hubiese comercializado por kilos.
Cómo operaba la red de narcotráfico en Tenerife
La investigación fue desarrollada por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias, especializado en perseguir la introducción por vía marítima de sustancias prohibidas en el Archipiélago. Las pesquisas policiales se centraron desde el inicio en uno de los encausados, señalado como el presunto encargado de negociar y adquirir la mercancía en Marruecos.
La organización criminal mantenía un estricto reparto de tareas logísticas:
- Un grupo adquiría el hachís en origen y lo transportaba hacia las Islas.
- En alta mar, realizaban el trasbordo de la mercancía a una segunda embarcación con matrícula española para camuflar la actividad.
- El resto de los implicados coordinaba el desembarco seguro en el litoral de Tenerife y su posterior distribución.
Los planes de la banda sufrieron un contratiempo la noche anterior al arresto. Cuatro de los integrantes tenían previsto trasladar los fardos en un vehículo, pero una avería mecánica en la embarcación los obligó a posponer el desembarco un día entero, facilitando el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Arrestos en el muelle y pruebas intervenidas
La intervención de la Guardia Civil sorprendió a dos de los tripulantes a bordo de la lancha, mientras un tercer miembro realizaba tareas de vigilancia desde tierra firme. Este último logró huir a pie al percatarse del despliegue policial, aunque fue identificado con posterioridad.
Los agentes arrestaron a otro de los integrantes cuando trataba de acceder a las instalaciones del muelle. Los tres restantes fueron interceptados en el interior de un automóvil de la organización. En los registros efectuados se intervinieron terminales móviles, documentación, contratos de alquiler, dinero en efectivo y anotaciones manuscritas con números de teléfono y cifras que correspondían a coordenadas geográficas de navegación.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas