El Secretariado Nacional de Drago Canarias ha rechazado con dureza la nueva Ley de Municipios Turísticos de Canarias, tras analizar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este lunes 27 de julio de 2026.
La organización política sostiene que la norma, aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado 8 de julio de 2026 con el respaldo del pacto de gobierno y la oposición, constituye una “monumental oportunidad perdida” que premia el monocultivo turístico en lugar de fijar límites a la saturación.
Según el análisis realizado por los bloques de trabajo del espacio político, la legislación incentiva la masificación al vincular la condición de municipio turístico a indicadores de alta presión demográfica y dependencia del sector.
La formación denuncia que la ley carece de techos vinculantes sobre camas turísticas, vehículos de alquiler, consumo de agua, generación de residuos y pérdida de vivienda residencial, lo que consideran indispensable para garantizar la sostenibilidad en Canarias.
El pronunciamiento se suma a las advertencias expresadas durante el trámite parlamentario por sectores de la investigación pública en las Islas, colectivos ecologistas y plataformas sociales.
Desde el partido critican que se catalogue como “excelencia” la existencia de poblaciones flotantes que quintuplican a la población residente, obligando a los ayuntamientos a destinar recursos públicos a sobrecargas humanas que el territorio no puede soportar.
Falta de límites y desprotección
Entre las principales deficiencias atribuidas a la norma, el grupo político señala el rechazo de la mayoría parlamentaria a blindar a los pequeños propietarios frente a los grandes operadores hoteleros.
A juicio de la organización, esto perpetúa la inseguridad jurídica de las familias que residen en complejos turísticos tradicionales y consolida un modelo que perjudica el acceso a la vivienda residencial en el Archipiélago.
La formación advierte sobre una “preocupante contradicción de incentivos”, ya que los ayuntamientos deberán mantener o elevar sus niveles de ocupación para no perder la categoría legal y los fondos asociados.
Asimismo, critican la falta de una ficha financiera clara, alertando de que la ley corre el riesgo de socializar los costes de los servicios públicos —como limpieza, agua o seguridad— mientras los beneficios continúan en manos privadas.
Demandas de decrecimiento y contención en las Islas
Pese a reconocer que la presión social y académica logró incorporar la categoría de “singularidad” y flexibilizar criterios para las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), la organización considera insostenible la orientación general del texto.
Por ello, reclaman una planificación basada en la contención y el decrecimiento turístico en lugar de paliar los efectos del crecimiento ilimitado. Desde el espacio político instan a establecer indicadores vinculados a la capacidad de carga ecológica de cada Isla, reducir la oferta alojativa y proteger los núcleos urbanos.
A su juicio, la prosperidad de Canarias no debe medirse por el incremento de visitantes, sino por la capacidad de garantizar vivienda accesible, servicios públicos eficientes y la preservación del entorno natural.
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