La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, reiteró ayer el rechazo de Canarias a participar en los procedimientos de triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago, al considerar que la identificación y determinación de la edad en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE) corresponde al Estado en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Durante la presentación del Encuentro Estatal sobre Migraciones (Migradmi), Delgado respondió así a las preguntas de los periodistas después de que la Delegación del Gobierno solicitara a Canarias que designe representantes para los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE).
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que la normativa europea exige que durante el triaje de inmigrantes irregulares esté presente “alguien que defienda el interés superior del menor”, y “por tanto, no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese CATE”, sino la comunidad autónoma porque tiene esas competencias.
Competencia estatal
La consejera ha sostenido que el Ejecutivo autonómico no asumirá competencias que considera estatales, al tratarse de actuaciones relacionadas con el control fronterizo y la entrada de personas migrantes en España. “El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado”.
Sin embargo aseguró que actuará una vez que los menores hayan sido identificados y reconocidos como tales. Canarias, “velará a posteriori” por que “se respeten los derechos de esos menores”, respeto de sus derechos aunque sin participar directamente en esos procedimientos.
Delgado también señaló que la Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con brigadas policiales de extranjería para abordar precisamente este reparto de funciones.
Reclama el triaje
Según explicó la consejera, el Ejecutivo canario exige que cada menor que llegue al archipiélago pase por un procedimiento de triaje y reclamó que se realice en aquellos casos en los que no se haya llevado a cabo previamente. Si este no se ha realizado, el Ejecutivo reclama que se lleve a cabo antes de que la comunidad asuma su protección.
El Ejecutivo autonómico reclama que quede definido quién ejerce la representación legal de los menores durante el procedimiento, una cuestión que Delgado quiere abordar en la reunión bilateral que mantendrá el próximo 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del pacto migratorio europeo.
El encuentro se celebrará después de que no pudiera celebrarse la XIV conferencia sectorial prevista sobre esta materia por falta de quórum, tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox.
La consejera señaló que ha solicitado la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia en la reunión al estar pendiente de concretar quién debe asumir la representación legal de los menores en el triaje.
En este sentido, Delgado aseguró que el Gobierno de Canarias ha enviado tres cartas al Ministerio de Inclusión para reclamar información sobre las reformas legislativas necesarias para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio.
Según la consejera, España todavía no ha adaptado su normativa interna para aplicar la normativa comunitaria y concretar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades. “Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera”, finalizó.
Aboga por la inclusión, igualdad de oportunidades y convivencia
Migradmi congregará los días 9 y 10 de septiembre en Lanzarote a los máximos expertos nacionales e internacionales en materia de migraciones, convivencia intercultural y diversidad cultural. Delgado recordó que “Canarias ha sido y es un territorio que recibe, acoge y convive con personas procedentes de muchos lugares del mundo, por eso tenemos la responsabilidad de seguir construyendo políticas públicas que trabajen por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la convivencia”. Hizo hincapié en que el barrio “es un espacio clave de convivencia social”, por lo que insistió en que las políticas de migración no se hagan de espaldas al territorio.
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