El PSOE y Nueva Canarias expresaron ayer su rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno regional para el contrato programa de 2027 a 2030 que financiará las dos universidades públicas.
La portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Yaiza López Landi, denunció que la propuesta presentada por la Consejería de Universidades supone “un intento de que las universidades firmen su propia infrafinanciación”, después de tres años de retrasos, falta de negociación y promesas incumplidas.
Recordó que el Ejecutivo anunció al inicio de la legislatura un contrato-programa que debía aportar estabilidad y suficiencia financiera al sistema universitario, pero que, tres años después, el resultado es un documento que los propios rectores han calificado de “insuficiente” y “decepcionante”, además de que compromete su sostenibilidad económica.
Considera que este Gobierno no puede seguir vendiendo como histórico lo que los rectores “califican de decepcionante. Han perdido tres años, han despreciado el diálogo y ahora pretenden que las universidades firmen su propia infrafinanciación”, afirmó.
Para López, “la manera en la que un gobierno trata a sus universidades públicas dice mucho del modelo que quiere para su territorio. Tres años después sigue sin demostrar que la universidad sea una prioridad”, considera.
Además criticó la forma en la que el Ejecutivo ha gestionado este proceso. “Ha sido incapaz de cerrar el contrato-programa durante tres años, ha mantenido prácticamente un año sin una negociación efectiva con las universidades y ha entregado el documento a los rectores prácticamente al mismo tiempo que lo presentaba públicamente”. “Lo ocurrido demuestra una forma de gobernar basada en la propaganda antes que en el diálogo. Volvió a priorizar el titular antes que el consenso, presentando públicamente una propuesta que ni siquiera había sido trabajada ni acordada con las universidades, denunció.
“Decisión política”
En la misma línea, la portavoz del grupo parlamentario nacionalista, Carmen Hernández, denunció que el Ejecutivo condena a las dos instituciones académicas públicas “a la UCI y con respiración asistida”, y consideró que “no estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante una decisión política”.
Confirma que Clavijo “no cree en las universidades públicas, no apuesta por ellas y las está llevando a un proceso de debilitamiento que, en palabras de los propios rectores, pone en riesgo su sostenibilidad presente y futura”.
El documento “no responde a las necesidades reales” del sistema universitario canario”. El crecimiento de la financiación previsto supone “apenas la mitad” de lo que establece la LOSU, lo que evidencia el “escaso compromiso”. Esta propuesta es una “renuncia” a la modernización de las infraestructuras universitarias ya que retrasa inversiones “necesarias” para adaptar los campus a las nuevas necesidades docentes, científicas y tecnológicas. Y pone en peligro que puedan ampliar la oferta formativa.
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