La Unión Europea (UE) ha iniciado este domingo, 2 de agosto, una fase clave en la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). La entrada en vigor del artículo 50 del reglamento europeo activa las primeras obligaciones de transparencia, exigiendo a las empresas etiquetar con un marcado legible por máquina cualquier contenido generado o manipulado por algoritmos, incluidos los deepfakes y las respuestas de los chatbots.
Fin del anonimato algorítmico y control directo de Bruselas
Las herramientas capaces de generar imagen, texto, vídeo o sonido deberán incorporar sistemas que permitan detectar su origen automatizado de forma clara. De igual forma, las plataformas que empleen asistentes conversacionales o sistemas de IA para interactuar con los usuarios tendrán que avisar explícitamente de que se está conversando con una máquina y no con un ser humano.
Con este paso, la Comisión Europea asume competencias directas para supervisar los modelos de IA de propósito general, aquellos capaces de realizar múltiples tareas complejas. A través de la Oficina Europea de IA, Bruselas podrá requerir documentación a las desarrolladoras, realizar evaluaciones de riesgo, ordenar medidas correctoras o restringir el uso de herramientas en el mercado comunitario si detecta vulneraciones de la norma. La supervisión será compartida con las autoridades nacionales de vigilancia del mercado en cada Estado miembro.
Obligaciones editoriales para textos informativos y exenciones
El artículo 50 exige también que quienes utilicen IA para generar o manipular textos dirigidos a informar sobre asuntos de interés público (política, sanidad, economía o servicios públicos) declaren explícitamente el uso de esta tecnología.
Solo quedarán exentos aquellos textos que hayan sido sometidos a un control editorial humano real, donde una persona asuma formalmente la responsabilidad de la publicación. La Comisión Europea advierte de que las correcciones meramente gramaticales u ortográficas no se considerarán supervisión humana a efectos legales.
Calendario progresivo y multas de hasta 15 millones de euros
Para reforzar el cumplimiento de las normas, la UE ha constituido un panel científico integrado por 60 expertos independientes y un mecanismo público de denuncias para la ciudadanía. El incumplimiento de estas obligaciones conllevará sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual global de la empresa infractora, aplicándose la cuantía más alta. En el caso de pymes y startups, las autoridades valorarán el principio de proporcionalidad al fijar las multas.
El despliegue de la normativa continuará de forma escalonada:
- 2 de diciembre: Entran en vigor las prohibiciones del paquete AI Omnibus sobre contenidos explícitos sin consentimiento o abusos a menores.
- 2 de diciembre de 2027: Se aplicarán los requisitos de seguridad reforzados para los sistemas de alto riesgo en sectores como la sanidad, la educación, el empleo, el transporte y la maquinaria industrial.
- 2 de agosto de 2028: Concluirá el periodo de adaptación para los productos sujetos a otras leyes de armonización europeas (como vehículos o dispositivos médicos).
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