La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, votará este viernes a favor del primero de los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, que incluye medidas para reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios. Sin embargo, rechazará el segundo texto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler.
El Congreso celebrará este viernes, 2 de octubre, un pleno extraordinario para decidir sobre la convalidación de ambos reales decretos, que serán sometidos a votación por separado. El primero será defendido por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mientras que el segundo correrá a cargo del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El voto de Coalición Canaria cobra especial relevancia por el ajustado reparto de apoyos en torno al primer decreto. PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG, PNV y Compromís reúnen alrededor de 171 votos favorables, mientras PP, Vox y UPN concentran un bloque de oposición de dimensión similar. En este escenario, la posición de Junts puede terminar siendo determinante para la convalidación.
El PNV también ha anunciado un “apoyo crítico” al primer decreto y su rechazo al segundo. La formación vasca considera que el primer texto contiene medidas para proteger a las personas vulnerables, aunque ha expresado reservas sobre algunas de sus disposiciones y su impacto en los pequeños propietarios.
Protección frente a los desahucios
El primero de los reales decretos contempla, entre otras medidas, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables, cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y distintas medidas fiscales y de acceso a la vivienda.
También incluye una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, junto con límites a algunas actualizaciones de las rentas.
Coalición Canaria había reclamado durante la negociación que cualquier nueva regulación diferenciara entre los grandes tenedores y los pequeños propietarios. El secretario general de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había cuestionado además la premura con la que se habían impulsado las normas y pedido mayores garantías para quienes disponen de un reducido número de viviendas en alquiler.
Canarias, entre las comunidades más afectadas
Según las estimaciones difundidas por Sumar, alrededor de 1,89 millones de contratos de alquiler en España podrían acogerse a la prórroga extraordinaria de dos años contemplada en las nuevas medidas, lo que podría alcanzar a cerca de cinco millones de personas.
En Canarias, las estimaciones sitúan en 108.525 los contratos potencialmente afectados, lo que convertiría al Archipiélago en la sexta comunidad autónoma con mayor volumen.
De ellos, algo más de 61.000 corresponderían a la provincia de Las Palmas, aproximadamente el 56%, mientras que alrededor de 47.000 se localizarían en Santa Cruz de Tenerife, el 44% restante.
El segundo decreto, con menos apoyos
Más difícil se presenta la convalidación del segundo real decreto, que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, obligando al propietario a justificar determinadas causas para poner fin al arrendamiento y contemplando compensaciones al inquilino en algunos supuestos.
El PNV ya ha anunciado que votará en contra de esta iniciativa y Coalición Canaria también la rechazará. El texto parte así con menores opciones de reunir más votos favorables que contrarios en el pleno extraordinario.
Las dos normas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado martes, 29 de septiembre, después de las negociaciones entre PSOE y Sumar y en un contexto marcado por las movilizaciones por el acceso a la vivienda y por el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.
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