El portavoz de NC en el Ayuntamiento de Tacoronte, José Daniel Díaz, denuncia “una operación intencionada” por parte del grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) para retirarle las competencias que venía desempeñando la coordinadora del área de Servicios Sociales, “una plaza que fue obtenida por medio de su concurrencia en una convocatoria pública específica para el cargo, y que ahora, pretenden hurtársela en base a la relación de Puestos de Trabajo (RPT)”, que, aseveró, “está impugnada en la actualidad”.
Además, asegura que a esta trabajadora municipal, por parte de los actuales responsables de la corporación, “se le está intentando quitar sus derechos fundamentales a la defensa y a presentar alegaciones o judicializar la propia RPT”, con el agravante, denunció, de que sus funciones “la asumirá directamente, a solo siete meses de las elecciones, el concejal de Servicios Sociales, José Caro (PP)”.
Para Díaz Armas, “esta situación demuestra que, cuando es el concejal el que asume las competencias de la coordinadora apartada, que es quien ejercía la autoridad en la coordinación del personal y de las UTS, lo único que queda claro es que lo que se pretende por quien emprende el proceso es manipular ayudas y servicios sociales con un carácter estrictamente electoral”.
Asimismo, el exalcalde de Tacoronte asevera que “llama mucho la atención que en el escrito en el que se le quita las competencias a la coordinadora las firmas que ratifican esta decisión sean las de los concejales Eduardo Dávila (CC), José Caro (PP), Tarsis Morales (PSOE, y la alcaldesa, Sandra Izquierdo (PSOE)”, cuatro personas que, añade, “nada tienen que ver, inicialmente, con el área de Recursos Humanos, salvo Izquierdo quien, presuntamente, será quien habrá tomado la decisión”.
Por último, Díaz considera que hay “una intención de venganza y persecución de los responsables públicos hacia los trabajadores o sindicatos que han emprendido procesos de protesta y judicialización de la RPT, aprobada de manera unilateral y al margen de las asambleas de trabajadores”, argumenta.
La respuesta
José Caro niega todas las acusaciones y desmiente que la RPT esté impugnada. “Hay una serie de correcciones que hay que hacer, lo que sí está impugnado es el convenio laboral de los trabajadores, que negoció Díaz cuando era alcalde pero que nunca lo llevó a pleno porque el informe de la secretaria en aquel momento era desfavorable y lo tuvo que hacer este grupo de gobierno ante el requerimiento del juez”, precisa.
Le recuerda al concejal de NC que la RPT se negoció con los representantes sindicales y en ese momento se aprobó, siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que las jefaturas de área debían desempeñarla solo los funcionarios (grupo A1). “Es cierto que esta trabajadora presentó una demanda respecto a su plaza, que no es de coordinadora, aunque estuvo ejerciendo como tal durante casi 25 años y ese mérito lo reconozco, sino de gestora de Servicios Sociales”. Por lo tanto, añade, al no ser funcionaria “no puede ejercer como tal y tampoco puedo hacerlo yo, como se me acusa”, aclara.
“Estamos cumpliendo lo negociado en la RPT”, insiste Caro, quien añade que José Daniel Díaz, quien además de alcalde fue concejal del área, “muestra un total desconocimiento sobre el funcionamiento del área, porque cualquier ayuda va de la mano de los técnicos, aunque la providencia de inicio la haga un concejal”.
Por último, el edil del PP recuerda que una ordenanza establece los requisitos para poder acceder a las ayudas y son los técnicos quienes se encargan de comprobar que las personas interesadas los cumplan, “no los decide el concejal del área”.
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