Toda la verborrea de Podemos cuando el caso de ‘La Manada’ en Pamplona es inversamente proporcional al que mantiene con el caso 18 Lovas, del que es competentes y donde hay; menores tuteladas y empresarios. La líder de Podemos en Canarias, Noemí Santana, termina el mes de septiembre sin saber explicar qué hace su departamento sobre el expediente de 18 Lovas, un sumario en el que es acusación particular desde el Instituto Canario de Igualdad y que afecta a menores de una ‘red Epstein’ en Las Palmas que, en lugar de un productor de cine, tiene como líder a un empresario de aguas y como inculpados a empresarios del sector servicios. Podemos ha lanzado este otoño una campaña de publicidad que con el slógan ‘Callar no es una opción’ que, como describe Mónica ‘Kika’ Fumero Purriños «contra los comportamientos machistas de otros chicos de su edad que han normalizado el consumo se*-xual de mujeres, empezar a construir otra manada que no calla, señala y critica a quienes tratan a las mujeres como simples objetos sexuales».
El caso, que afecta al menos a 10 menores víctimas, es conocido como ’18 lovas’ por el nombre de la agencia de azafatas a través de la que presuntamente se gestionaba la red de *adultos, cuyos cabecillas captaban chicas en centros de menores tutelados de la Comunidad Autónoma. El caso, que afecta al menos a 10 menores víctimas, es conocido como ’18 lovas’ por el nombre de la agencia de azafatas a través de la que presuntamente se gestionaba la red de prostitución, cuyos cabecillas captaban chicas en centros de menores tutelados de la Comunidad Autónoma.
Fumero Purriños ha contextualizado la campaña y aseguró que, según las entidades que trabajan directamente con las mujeres víctimas, la explotación de adultos en Canarias «ha aumentado en los últimos años un 30% en el archipiélago, la condición de comunidad turística, con mucho tránsito de personas, facilita esta labor a las mafias transnacionales». Fumero enfatizó el hecho de que «no exista perfil de los hombres que consumen material adulto y son de cualquier clase social y económica» y aseguró que desde el ICI «se apuesta por la abolición de esta aberración que atenta contra las derechos humanos». En 18 Lovas hay al menos tres menores de entonces afectadas, una de ellas embarazada.
El caso se mantiene en la más absoluta opacidad por el dineral que las defensas han ido entregando a medios de prensa de Las Palmas y algunos de la Península para que del asunto no se trate en sus ediciones de papel y digitales. El juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho desfilar a los inculpados por participar en orgías con presencia de menores, de acuerdo con la teoría de la Policía y Fiscalía. La secretaria general de Podemos en Canarias y consejera de Derechos Sociales del Gobierno regional ha asegurado en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos que no se vuelve a presentar como líder del partido de Pablo Iglesias.
El caso judicial que investiga la presunta red de adultos con menores tuteladas en Gran Canaria sigue en fase de instrucción tras 3 años y nueve meses desde que se judicializó la causa, en noviembre de 2016. En estos momentos «se están practicando pruebas» a petición del juez que instruye el caso, según ha explicado la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez. «Parado no está», ha indicado la fiscal, aunque se desconocen aún posibles fechas para el fin de
la instrucción. «Lo lógico es que este año estuviera, pero depende del juez», aseveró.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria arrancó a finales de 2016 este procedimiento, fruto de una operación llevada a cabo por la Policía Judicial de Las Palmas, la Fiscalía de Las Palmas y el propio Juzgado y en que fueron arrestadas seis personas. La agencia en realidad liderada por un proxeneta, Agustín Alemán Barreto, apodado Yino, presuntamente convencía a menores de edad o recién cumplido los 18 años para que trabajaran con adultos a cambio de cantidades bajas de dinero.
El principal encausado para el que inicialmente fue decretada prisión provisional salió de la misma en marzo de 2017. El caso de Canarias muestra paralelismos con lo ocurrido en Mallorca, donde en enero de este año se tuvo constancia de que un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) ejercían trabajos de adultos en las calles de Palma a cambio de sustancias , regalos o dinero. La Fiscalía de Baleares explicó a finales de enero que «todos y cada uno de los casos» relativos a presuntos abusos o agresiones, trabajo de adultos o corrupción de menores «han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación».