El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha aclarado este miércoles si el Ejecutivo publicará los nombres del comité de expertos encargados de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia del Covid-19 después de que así se lo ordenara el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a través de una resolución y ha señalado que los servicios jurídicos del Ministerio lo están estudiando.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, Illa ha explicado que el Ministerio está estudiando esta resolución para darla cumplimiento, aunque ha defendido la “actitud de transparencia” del Ministerio de Sanidad y del Gobierno. “Siempre hay espacios de mejora y estamos dispuestos a mejorar, por tanto estamos estudiando la resolución para dar cumplimiento”, ha subrayado Illa.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, también ha hecho referencia a este asunto y ha reivindicado el número de solicitudes de transparencia en el Gobierno: “Lo importante es seguir trabajando y que tengan en cuenta el volumen tan importante que significan una carga de trajo para los ministerios concernidos”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenó el pasado lunes al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en “decisiones relevantes”, según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
El CTBG se posiciona así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
En concreto, el Consejo de Transparencia da un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.