La factura de la luz y el gas sube desde el 1 de junio. Una serie de cambios normativos que entran en vigor en los próximos días modificarán de forma sustancial los recibos energéticos de los hogares españoles. Conviene, eso sí, analizar la letra pequeña con los números reales: las facturas van a subir, pero no porque la energía sea más cara ni porque se apruebe un nuevo impuesto, sino porque finaliza el blindaje fiscal que el Gobierno aplicó de urgencia esta primavera.
El verdadero causante del encarecimiento es el fin de la rebaja fiscal. El pasado mes de marzo, ante el repunte de la incertidumbre geopolítica internacional, el Gobierno rebajó de urgencia el IVA de la luz y el gas del 21% al 10% mediante el Real Decreto-ley 7/2026, además de dejar el Impuesto Especial sobre la Electricidad en el mínimo legal del 0,5%.
Aquella medida incluía una cláusula de revisión automática ligada a la evolución de los precios energéticos. Al moderarse los precios en primavera, el resorte legal se ha activado: el IVA regresa al tipo general del 21% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve al 5,11%. No es que las eléctricas cobren más por producir energía; es que Hacienda retira el descuento que aplicó durante los últimos meses en la factura.
Para una factura media de unos 60 euros, este cambio impositivo se traduce en un incremento automático de entre 7 y 12 euros mensuales, dependiendo del consumo de cada hogar. Los hogares con un consumo eléctrico elevado serán los más afectados por el ajuste.
Lo que termina el 1 de junio no es una rebaja del precio de la energía, sino una bonificación fiscal temporal aplicada durante los meses de mayor incertidumbre.
El ajuste de los costes fijos del sistema en la factura
El otro gran cambio del año está en la parte regulada de la factura, la que fijan el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para pagar el mantenimiento de las redes de transporte y las primas a las energías renovables.
Los peajes se han mantenido estables, pero los cargos del sistema han experimentado una subida del 10,5% debido a los costes acumulados del año anterior. Aunque esa cifra pueda parecer muy elevada, su traslado a un hogar con una potencia contratada normal es minúsculo: apenas supone 1,30 euros más al mes, unos 15 euros acumulados al año.
Precios cada 15 minutos en la tarifa regulada
Para los usuarios acogidos al mercado regulado, la tarifa PVPC de la factura, el cambio más significativo es técnico. El mercado mayorista español ha pasado a registrar los precios de la luz cada 15 minutos en lugar de cada hora, lo que implica que ahora hay 96 precios diarios distintos. No es una subida encubierta, sino una forma de incrementar la precisión del sistema y alinearlo con el mercado europeo.
Quien tenga paciencia para programar los electrodomésticos de gran consumo, como lavadoras o lavavajillas, en los tramos de máxima producción solar —habitualmente entre las 12:00 y las 16:00 horas— conseguirá amortiguar buena parte del impacto de la subida impositiva.
Qué se mantiene: el bono social y la bombona de butano
Pese al fin de la rebaja general, el Gobierno ha confirmado que varias medidas de protección social continúan activas. Los descuentos reforzados del bono social eléctrico seguirán vigentes: un 42,5% para los consumidores vulnerables y un 57,5% para los considerados vulnerables severos. Además, el precio máximo de venta de la bombona de butano y del propano se mantendrá congelado durante todo 2026.
También se conservan instrumentos de apoyo a actividades sensibles a los costes energéticos, como agricultores, ganaderos, pescadores y empresas de transporte, además de programas vinculados a la eficiencia energética y la electrificación.
Una decisión por mandato europeo
La retirada de la rebaja en la factura no es exclusiva de España. La Comisión Europea viene insistiendo desde 2024 en que los Estados miembros eliminen gradualmente las medidas excepcionales aprobadas durante la crisis de precios, en línea con la directiva sobre fiscalidad de la energía. Según una proyección de los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, el regreso al IVA del 21% supondrá un trasvase de renta desde los hogares hacia las arcas públicas de alrededor de 2.400 millones de euros en el conjunto de 2026.
Qué supone para los hogares canarios
En Canarias, donde el IGIC sustituye al IVA en la mayoría de bienes y servicios en la factura, la fiscalidad energética tiene particularidades propias que conviene consultar con la comercializadora. No obstante, los cambios en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, los cargos del sistema y el nuevo registro de precios cada 15 minutos afectan igualmente a los consumidores del archipiélago acogidos a la tarifa regulada. La recomendación de los expertos es la misma para todos: revisar la potencia contratada, valorar el cambio de tarifa y concentrar el consumo en las horas de menor precio para suavizar el impacto del nuevo escenario.