Arranca esta semana (tarde, muy tarde: hemos perdido casi dos años por prepotencia de unos, por miedo de otros, por irresponsabilidad de todos y por complicidad de algunos que lo impidieron entonces) en el Parlamento de Canarias la Comisión de Investigación sobre los contratos sanitarios suscritos por el Gobierno de Canarias durante la pandemia. El denominado Caso Mascarillas –la pérdida de cuatro millones de euros en la compra fallida de un millón de mascarillas que nunca llegaron a una empresa sin solvencia técnica o económica alguna, cuyo único mérito era sus contactos y amistades personales con personajes clave en la gestión pública, y bien regado con comisiones y/o mordidas millonarias- y al que hoy se suma el conocido Caso Koldo en su “rama canaria” –la más “sustanciosa”, muy por encima de Baleares, entre lo que hoy se sabe (y lo que queda por saber) de la “longa mano” del otrora poderoso superministro y secretario de organización del PSOE, y hoy defenestrado pero magnífico actor, José Luis Ábalos.
Créanme que no solo comprendo y respeto, sino que en buena medida comparto esa sensación de desconfianza generalizada entre la ciudadanía hacia este instrumento de control y asunción de responsabilidades. Y es así, sobre todo, por el descrédito ganado a pulso en tantas comisiones de investigación que hemos visto pasar en distintas instituciones, convertidas en un “pim-pam-pum” y máximo exponente del “y tú, más”. Sin la menor intención de saber, de esclarecer, de explicar, de prevenir y de responsabilizar. Sino un arma arrojadiza donde lo que importa, lo que importa de verdad, es ganar la “batalla del relato”, poner en marcha cuantos ventiladores sean necesarios para salvar a los míos y “enmierdar” al de enfrente. Y si para ello contamos con un potente “brazo armado mediático” que cuente sola y exclusivamente “mi verdad”, pues mejor. Ya hablaremos otro día –si quieren y nos dejan- del “periodismo de trinchera” que hoy impera.
Digo que lo comprendo y en parte lo comparto. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿rendirnos? ¿resignarnos? ¿renunciar a una herramienta tan necesaria como democrática y darles la razón a los que predican que “todos son iguales”? Como damnificado en primera persona de haber sido no sé si el primero, pero sí el que con más insistencia denunció lo que había ocurrido, y desde luego el que más insultos y descalificaciones sufrió por el mero hecho de pedir explicaciones, me atrevo a decir que no. Y que, cuando renunciamos a los mecanismos políticos y democráticos (por imperfectos que sean o por mal uso que se le haya dado en otras ocasiones) solo que la “antipolítica”: el terreno abonado para los demagogos y salvapatrias, extremistas y especialistas en demoler la arquitectura del Derecho y la Libertad.
El objetivo de esta Comisión de Investigación no es otro que conocer la verdad. Tan simple y tan claro como eso. Qué ocurrió para permitir que un puñado de desalmados sin escrúpulos aprovechase el peor momento de incertidumbre, de miedo y de muerte para llenarse obscenamente los bolsillos y si fue con conocimiento o consentimiento de esa Administración. Porque es evidente que las cosas no se hicieron bien y conforme a legalidad, como el Gobierno de entonces nos hizo hacer creer, negándose a dar ninguna explicación e incluso negándose a constituir esta misma Comisión cuando la pedimos hace casi dos años.
A partir de ahí, se trata de poner los medios de control y legalidad para que no pueda volver a ocurrir nada parecido. Y, sin sustituir a los Tribunales, que tienen su papel y su ritmo para las posibles responsabilidades penales, sí resulta imprescindible establecer las responsabilidades políticas de quien corresponda: no solo de quien se haya lucrado personalmente de estos actos deleznables, sino quien -insisto- los haya permitido, consentido u ocultado, bien por negligencia o bien por otros intereses.
Podemos y debemos demostrar que, también en esto, hay un “modo canario” de hacer y ejercer la Política, en el fondo y en las formas, sin los lamentables espectáculos que observamos con pena y rabia en otras latitudes. En nuestras manos está que sea útil y no un lodazal.
Análisis de: José Alberto Díaz-Estébanez – Periodista y Diputado por CC en el Parlamento de Canarias