El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha formalizado la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas para que abra una investigación que determine si las declaraciones y mensajes en video, audio y redes sociales por parte del conocido como ‘padre Báez’ pudieran ser constitutivas de un delito penal de odio por razones ideológicas.
Esta decisión fue anunciada el pasado domingo, tras lo cual han sido numerosas las adhesiones a dicha iniciativa, así como las manifestaciones de repulsa a las declaraciones realizadas por el párroco en diversos medios tras el asesinato de ‘violencia vicaria’ de las niñas Olivia y Anna, a manos de su padre, Tomás Gimeno.
La Institución insular considera “muy grave exculpar la acción de asesinar a dos niñas, justificándola en la ruptura matrimonial y en conductas de las que se culpabiliza, claramente, a la madre de las niñas”. Para el Cabildo, “utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para justificar el asesinato de estas menores, por la separación matrimonial y la conducta de la madre, es culpabilizar a la que es víctima y hacer apología de unos valores y una ideología discriminatoria y de violencia contra las mujeres”.
En la denuncia se considera que “la trivialización y justificación de este crimen, unánimemente reconocido como un caso de violencia vicaria extrema, podría constituir un delito de odio por razón de género tipificado en el artículo 510 del Código Penal” y que, por lo tanto, obliga al Cabildo a “reaccionar como sociedad y como Administración pública en cumplimiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, especialmente para “erradicar las conductas favorecedoras de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social”.
Para el Cabildo, “la libertad de expresión no puede amparar un discurso de ataca frontalmente el modelo de convivencia diseñado por la Constitución, lesionando gravemente el derecho a la igualdad y la no discriminación” y considera, al igual que el Tribunal Constitucional, que la libertad ideológica “no puede dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas o grupos o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos”.
En el escrito se advierte como aspectos destacados que el padre Báez ostenta la condición de sacerdote, lo que es relevante en cuanto a los hechos denunciados y que se acompañan al escrito de denuncia con la relación de intervenciones en distintos soportes de comunicación. Asimismo recuerda que en las últimas semanas la sociedad canaria vive “con una mezcla de incredulidad, espanto, rabia, impotencia y mucho asombro todo lo relacionado con el denominado ‘caso de las niñas de Tenerife’.
La denuncia va acompañada de una recopilación de comentarios y mensajes de Facebook, vídeos y audios de intervenciones en programas de radio de Fernando Báez, en las que considera que el presunto asesino es otra víctima, por la ruptura matrimonial y “la infidelidad”, afirmando además que las niñas estarían vivas si la madre no hubiera roto el matrimonio porque “antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas”. Asimismo, llega a decir que la madre “recoge lo que sembró”, considerando que la vinculación de la madre de las niñas a una nueva relación de pareja es “robar hijos”.
