Canarias vuelve a situarse en el centro del foco mediático por la gestión de los centros de acogida de menores migrantes y de familias vulnerables que llegan al archipiélago. La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre del centro de Playa Honda, en Lanzarote, conocido como Volcán de Timanfaya, debido al deterioro extremo de sus instalaciones y a una gestión que ha sido calificada como inadecuada. Las imágenes obtenidas desde el interior del centro muestran un panorama alarmante que ha desatado una ola de indignación no solo en Lanzarote sino en todo el territorio de Canarias.
Sandra Rodríguez, directora general de Infancia del Ejecutivo autonómico, confirmó que se realizó una inspección el pasado lunes y que el cierre fue decretado, aunque el traslado de los menores no se ha ejecutado todavía por falta de plazas disponibles en Gran Canaria, donde se planea reubicar a los chicos la próxima semana. La situación de sobreocupación de los recursos disponibles en Canarias ha impedido una respuesta más ágil, reflejando una problemática estructural que lleva tiempo arrastrándose en el sistema de acogida de Canarias.
Los menores han denunciado falta de comida adecuada, ausencia de ropa, instalaciones insalubres y una total desatención institucional. En los vídeos difundidos por los propios chicos se aprecia un centro desbordado por el abandono, con estructuras en mal estado, puertas rotas, cristales caídos, lavabos inutilizables, duchas sin agua y un ambiente de insalubridad generalizada.
Varios de ellos incluso han reportado autolesiones, y al menos dos han tenido que ser atendidos en servicios de urgencia en las últimas semanas. La situación no es un hecho aislado dentro de la red de acogida de Canarias, y ha sido comparada con lo ocurrido en la Casa del Mar de Arrecife, también cerrada por motivos similares en julio de 2024.
Rodríguez ha declarado que la entidad encargada de gestionar el centro no estaba informando al Gobierno de Canarias sobre aspectos fundamentales y que se ha verificado que la atención a los menores era deficiente. La opacidad en la comunicación entre entidades privadas y administración pública vuelve a situar a Canarias ante un espejo incómodo, donde el modelo de externalización sin control suficiente demuestra sus carencias más graves.
La responsable ha asegurado que la decisión se tomó no solo por las condiciones materiales, sino también por la mala gestión y la falta de coordinación. “En Canarias, si se detecta una incidencia con un menor, debe comunicarse inmediatamente. Eso no estaba ocurriendo”, sentenció Rodríguez.
Comida podrida, trato racista y falta de psicólogos, la realidad social de Canarias
El problema, sin embargo, trasciende las fronteras de un solo centro. En Santa Cruz de Tenerife, varias decenas de personas residentes en el Centro de Acogida Integral, instalado en la antigua prisión de la ciudad y gestionado por Cruz Roja, organizaron una protesta esta semana para denunciar lo que calificaron como “atropellos” y “violaciones de derechos humanos”.
Las familias, muchas de ellas sobrevivientes de la peligrosa ruta atlántica que termina en Canarias, relataron una serie de situaciones que reflejan un patrón de maltrato institucional. Denuncian falta de comida en buen estado, ausencia de clases de español, separación de niños de sus familiares y carencias básicas como ropa, medicinas y atención psicológica.
Según el testimonio de los usuarios, en el centro de Tenerife hay más de 280 personas atendidas por solo una psicóloga, una abogada y dos trabajadoras sociales. Este ratio resulta completamente insuficiente para responder a las necesidades reales de los migrantes acogidos en Canarias. La presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, respondió a las críticas asegurando que la protesta era “malintencionada” y defendió que las instalaciones son “fantásticas”. Añadió que las quejas sobre la comida se debían a “diferencias culturales” y que “se come mucho pollo”. Pero los manifestantes insisten en que muchas veces la comida está podrida, congelada o contiene residuos.
Lo que ocurre en Canarias pone de relieve una crisis sistémica que no es nueva. La gestión de la migración y la protección de la infancia en las islas ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de organismos sociales, asociaciones y organizaciones internacionales. Canarias se encuentra en una posición geográfica estratégica que la convierte en punto clave de entrada a Europa, y su capacidad de respuesta institucional ha estado constantemente al límite. El sistema de acogida en Canarias ha demostrado fallas estructurales, sobre todo cuando la presión migratoria se dispara en momentos puntuales como los que se han vivido en los últimos años.
En los últimos meses, varios expertos en derechos humanos han señalado que Canarias no solo tiene que mejorar su capacidad de acogida, sino también garantizar la dignidad, la salud y la seguridad de quienes llegan a sus costas.
El caso del niño con parálisis cerebral que llegó a Canarias en patera y ahora reside en una antigua prisión sin adaptaciones adecuadas se ha convertido en símbolo del abandono institucional. La crítica también recae sobre el sistema de atención sanitaria: los usuarios denuncian que cuando un médico receta medicamentos, la ONG encargada no permite que acudan por sí mismos a la farmacia, y muchas veces los tratamientos no llegan o lo hacen demasiado tarde.
Las denuncias en diferentes islas de Canarias tienen un elemento en común: la sensación de indefensión y la ausencia de mecanismos efectivos de queja, apelación o protección. Los migrantes denuncian que se aprovechan de su desconocimiento del idioma y del sistema legal, y que muchas veces los tratan con condescendencia o incluso racismo. En los centros de acogida de Canarias, según afirman, sus voces no son escuchadas y sus derechos básicos son vulnerados sistemáticamente.
La presión sobre el Gobierno de Canarias crece a medida que salen a la luz nuevas informaciones sobre la situación de los centros y la gestión de las entidades contratadas. Los expertos insisten en que no basta con cerrar centros cuando se hacen visibles los problemas; es necesario reformar por completo el modelo de atención, reforzar la inspección y garantizar una coordinación efectiva entre administraciones y organizaciones del tercer sector. Canarias debe asumir que su papel como frontera europea implica una responsabilidad ética y legal que no puede seguir postergándose.
Mientras tanto, en Canarias, los migrantes siguen esperando. Esperando ropa, comida, ayuda médica, clases de lengua y un trato digno. Esperando a que alguien escuche lo que ocurre en centros como el de Playa Honda, el de la Casa del Mar o el de Las Madres. Esperando a que la promesa de acogida se cumpla no solo en discursos institucionales, sino en condiciones reales. Porque Canarias no puede ser solo una puerta de entrada: debe ser un refugio que respete la dignidad humana.