El Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de llevar a cabo una reforma de los impuestos de matriculación y de circulación, con el fin de penalizar a los vehículos más contaminantes, según recoge el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
El documento explica que esta revisión del impuesto de matriculación y también del de circulación forma parte de las medidas que se llevarán a cabo para reducir el impacto sobre el medio ambiente de la movilidad, entre las que destacan, también, la renovación del parque automovilístico y el impulso del vehículo eléctrico y de la infraestructura de recarga.
En el caso del impuesto de circulación, Hacienda, junto con las entidades locales, encargadas de su recaudación, considera necesario reorientar los criterios actuales de la tasa, lo que podría hacerse vinculándolos a la normativa Euro o a la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El objetivo de esta medida es penalizar a los vehículos más antiguos, que son los que generan más emisiones contaminantes, al tiempo que registran un mayor consumo de combustible y mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Asimismo, Hacienda también analizará la conveniencia y viabilidad de una reforma del impuesto de matriculación para actualizar los umbrales de emisiones de CO2 que determinan el pago del mismo. Actualmente, el 74% de los vehículos matriculados está exento, ya que no supera unas emisiones de CO2 de 120 gramos por kilómetro. También analiza una modificación de otros impuestos a la compra o al uso de los vehículos.
La eventual reforma de la tasa de matriculación permitiría adelantar la paridad de precio entre los vehículos de combustión y los eléctricos. «La electrificación masiva del parque de vehículos solo se conseguirá cuando se alcance la paridad de precio entre vehículos eléctricos y de combustión», señala el documento.
Además, en coordinación con las entidades locales, se promoverán actuaciones de restricción de tráfico y de gestión del aparcamiento por parte de los ayuntamientos para penalizar a los automóviles de mayor antigüedad.
De esta forma, desde 2023 será obligatoria la delimitación de zonas de bajas emisiones, con acceso limitado a los vehículos más contaminantes en las ciudades con una población de más de 50.000 habitantes. Esto se combinará con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, por parte de las entidades locales, y los Planes de Transporte al Trabajo, por parte de las empresas.
5 MILLONES DE ELÉCTRICOS EN 2030
Por otro lado, el borrador actualizado del PNIEC incluye también la implementación de medidas orientadas a impulsar la expansión del vehículo eléctrico, con la previsión de que en 2030 el parque circulante de este tipo de modelos se sitúe en 5 millones de unidades en España.
El documento apunta que estos 5 millones de turismos, furgonetas, autobuses y motocicletas eléctricas que habrá previsiblemente en España en 2030 permitirán registrar unos ahorros acumulados de energía final entre 2021 y 2030 de 3.524,2 kilotoneladas equivalentes de petróleo al año (ktep/año), sobre un total de 13.888 ktep/año del conjunto del sector del transporte.
Para lograr estos objetivos, España se adherirá a la estrategia europea que contempla que desde 2040 los turismos y los vehículos comerciales no emitan dióxido de carbono y también impulsará medidas para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de la infraestructura de recarga de estos modelos.
De esta manera, se diseñarán programas de ayudas a fondo perdido «que multipliquen el presupuesto puesto a disposición de los particulares y empresas» para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en planes anteriores como el Movele, el Movalt, el Movea o el Moves.
