Las pensiones son una de las partidas más importantes del gasto público en España y la principal fuente de ingresos estable para millones de hogares. En el archipiélago canario, donde viven cerca de 328.000 pensionistas según los últimos datos de la Seguridad Social, la revalorización anual marca cada enero el ritmo de la economía doméstica de un porcentaje muy relevante de la población. Pero la subida del 2,7% aprobada para 2026 esconde una letra pequeña que conviene conocer: el IRPF puede absorber, en algunos casos, hasta el 43% del incremento bruto. La mejora final, por tanto, no será la misma para todos los jubilados.
La revalorización está respaldada por el Real Decreto 39/2026 publicado en el BOE, una norma que aplica con efectos del 1 de enero a las pensiones contributivas no concurrentes causadas antes de esa fecha. La subida ha sido oficialmente comunicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y está calculada en función de la variación media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
9,4 millones de pensionistas afectados
La medida beneficia a aproximadamente 9,4 millones de pensionistas españoles, una cifra que incluye tanto pensiones de jubilación como de viudedad, incapacidad permanente y orfandad. La pensión máxima alcanza en 2026 los 3.359,6 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 47.034,4 euros brutos anuales. La subida respecto a 2025 supone unos 92 euros más al mes en el caso de la pensión máxima.
Pero el incremento que llega a la cuenta corriente del pensionista depende, en buena medida, de un factor que muchos olvidan: la retención del IRPF.
La trampa del bruto al neto
Las pensiones contributivas tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, igual que cualquier salario. Eso implica que, cuando se aplica la revalorización del 2,7%, también se ajustan las retenciones fiscales. En la práctica, una parte del aumento se queda en Hacienda antes de llegar al bolsillo del jubilado.
Las cifras lo ilustran de forma muy clara. Un aumento que podría suponer en torno a 40 euros brutos al mes en determinadas pensiones medias puede reducirse a poco más de 25 euros netos tras aplicar la retención correspondiente. En el peor de los escenarios, el impacto fiscal puede absorber cerca de un tercio del incremento aprobado, y en perfiles muy concretos hasta el 43%.
«En algunos tramos, especialmente en rentas anuales entre 16.000 y 21.000 euros, la subida de la pensión puede provocar la pérdida parcial de la reducción por rendimientos del trabajo», explican los expertos del REAF.
Por qué afecta más a unas pensiones que a otras
El carácter progresivo del IRPF es el responsable del fenómeno. Si la subida provoca que el total anual de la pensión supere determinados tramos, la parte que exceda ese límite tributará a un tipo superior. No significa que toda la pensión pague más impuestos, pero sí que el incremento puede verse parcialmente penalizado por el sistema fiscal.
El efecto más llamativo en las pensiones se concentra en un tramo concreto. Para pensionistas con rentas anuales entre 16.000 y 21.000 euros, la subida puede provocar que se pierda parte de la reducción por rendimientos del trabajo, una bonificación pensada para rentas modestas. El resultado es que el impuesto aumenta con más fuerza que el incremento recibido, devolviendo a Hacienda una parte muy relevante del 2,7%.
Casos extremos: pensionistas que cobrarán menos en neto
Aunque es excepcional, existe un escenario en el que un pensionista puede llegar a cobrar menos en enero de 2026 que en diciembre de 2025, pese a la subida del 2,7%. Ocurre, según ha explicado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando un jubilado que en 2025 no tenía retención (por no superar los umbrales mínimos) pasa en 2026 a estar sujeto a la retención del IRPF al cruzar esos umbrales tras la revalorización. La cuantía bruta es mayor, pero la neta es inferior.
Las pensiones mínimas y no contributivas, más protegidas
El Gobierno ha enfatizado que las pensiones mínimas y las no contributivas son las grandes beneficiadas de la revalorización, dado que sus titulares suelen estar exentos del IRPF o tributar a tipos muy reducidos. Es el quinto año consecutivo en el que las pensiones se revalorizan de acuerdo con el IPC: un 2,7% en 2026, un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. Acumulado, supone una protección sólida del poder adquisitivo en un quinquenio especialmente complicado por la inflación.
Qué deben revisar los pensionistas canarios
Para los pensionistas del archipiélago, el efecto del IRPF se combina con la especificidad fiscal canaria: la región mantiene tipos diferenciados respecto al resto del Estado en algunos tramos autonómicos del IRPF, lo que puede modular ligeramente el impacto final. Conviene, por tanto, revisar la carta del Ministerio que la Seguridad Social envía cada año comunicando la revalorización, contrastar el bruto con el neto efectivo que aparece en la cuenta y, en caso de dudas, acudir a la sede electrónica de la Agencia Tributaria o a las oficinas de la Seguridad Social en las islas.
Coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta, junio es el mes en el que muchos pensionistas hacen cuentas reales del impacto fiscal de la revalorización. La Agencia Tributaria recuerda que la presentación de la declaración finaliza el 30 de junio para quienes deban presentarla, y que cualquier ajuste en las retenciones aplicadas durante el año puede modificar el resultado final, ya sea a devolver o a pagar.