Las denuncias de padres maltratados por sus hijos han aumentado progresivamente en los últimos años en Canarias y la tendencia se ha mantenido durante el confinamiento impuesto por la covid-19 en 2020, un periodo en que, no obstante, se incrementó el número de casos resueltos con éxito, según datos de las fiscalías competentes en la materia.
La llamada violencia filio-parental es en las islas, en todo caso, «una realidad que resulta muy necesario visibilizar», según ha afirmado este viernes la abogada fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas María Romero.
En el marco de un debate sobre el asunto organizado por la Fundación Disa con motivo de la presentación de una investigación de la Asociación Cultural y Social Trib-Arte sobre su experiencia particular, la abogada fiscal ha matizado, pese a todo, que «casi el 100 % de los procedimientos que llegan a enjuiciarse se conforman, y la evolución es bastante favorable también» luego, y que ese es «un dato positivo».
Su parecer ha sido respaldado por Marta Dávila, fiscal de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha dicho que en el último año, de hecho, «ha habido más éxitos y hemos tenido menos reincidentes».
Ambas han subrayado, sin embargo, que recurrir a la Justicia para resolver problemas entre padres e hijos, algo que es preciso en situaciones de progenitores que «llegan desesperados» a pedir auxilio, «debe entenderse como la última opción», pues primero debe apostarse por solucionarlos a través de la intervención de los servicios sociales.
