El cuento de nunca acabar en el que se ha transformado la larga trama de la reforma de las pensiones públicas está tocando a su fin. O al menos eso parece. La Comisión del Pacto de Toledo, órgano parlamentario en cuyos miembros descansa el destino del sistema de pensiones, ultima un acuerdo para una reforma que, según los deseos del Gobierno, tendría que dar sus primeros pasos antes de que acabe 2020.
Esta misma semana, los diputados del Pacto de Toledo presentaron sus últimas aportaciones a la ‘remodelación’ que plantean para las pensiones, que parte de las mismas bases que se dejaron en barbecho a principios de 2019, cuando el acuerdo parlamentario no fue posible por la celebración de Elecciones Generales.
La esperanza, según fuentes de la comisión parlamentaria, es que los debates conduzcan a que se pueda producir un acuerdo en noviembre, principios de diciembre a más tardar, y que parte de la reforma pueda ejecutarse a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, como ha indicado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Aunque no se espera unanimidad, se pronostica que una amplia mayoría de la comisión respalde un esperado acuerdo que sería el primero en este órgano desde 2011 (la reforma que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 no pasó por el Pacto de Toledo).
Dentro de las medidas que ya se dan por seguras dentro del futuro pacto, según fuentes cercanas a la negociación parlamentaria, está el retraso de la edad efectiva de jubilación para que se alinee con la edad legal.
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