La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hizo pública ayer su decisión de ratificar una sentencia dictada en febrero de este año que en primera instancia ya condenaba al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a pagar un total que supera ligeramente los 839.000 euros a una unión temporal de empresas (UTE) contratada en su día para redactar el último Plan General de Ordenación Urbana aprobado en la capital provincial, aunque en aras de la verdad hay que puntualizar que una parte del mismo fue relegada, dada la notable oposición que provocó entre muchos vecinos de Santa Cruz.
Con esta decisión del TSJC, al Ayuntamiento solo le queda la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo o la sentencia será firme y tendrá que abonar ese dinero a los dos especialistas cuyos servicios prestaba la citada UTE: Juan Manuel Palerm y Leopoldo Tabares de Nava.
La controversia que nos ocupa parte del acuerdo inicial del Consistorio con estos especialistas, en el que se pactaron unos emolumentos para un trabajo que se preveía llevar a cabo en cuatro meses.
Como muchos lectores seguramente recordarán, la polémica que suscitó el proyecto en cuestión alargó esos cuatro meses de 2006 tanto que finalmente el proceso terminó en 2011, cinco años después de lo previsto.
Así las cosas, los expertos reclamaron para que se les compensará por semejante esfuerzo extra pero, además de la negativa, desde el Ayuntamiento se les castigó no abonando los 100.000 euros del último plazo previsto de los 600.000 euros iniciales
Se reconocen los 100.000 sin abonar y 239.000 más de compensación
De los 839.000 euros que cobrarán Palerm y Tabares de Nava, ya 600.000 se pactaron en el contrato. Sin embargo, al reclamar a los tribunales que se compensara la enorme tardanza en aprobar el plan, no se les pagó 100.000 que todavía faltaban. Ahora, la Justicia reconoce tal deuda más un plus de 239.000 euros por esa imprevisión.
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