El actual alcalde de Arafo, José Juan Lemes, e incluso su antecesor, Domingo Calzadilla, tendrán que responder ante un juez por contrataciones de servicios, de personal y gratificaciones presuntamente ilegales en los tres últimos mandatos, según la fiscal Carmen Almendral Parra, que trasladó el 27 de marzo al Juzgado de Güímar las diligencias preliminares de investigación penal 191/2016, abiertas en virtud de la denuncia del concejal de Izquierda Unida en Arafo, Francis Hernández, realizada el 13 de junio de 2016.
Lemes y Calzadilla se enfrentan, según el escrito de la fiscal, a un presunto delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, por lo que podrían ser inhabilitados entre siete y diez años para ejercer cargo público.
La Fiscalía reconoce la complejidad de la causa, teniendo en cuenta la abundante documentación que va a tener que ser objeto de análisis en el procedimiento que se incoa a raíz de la denuncia, por lo que la fiscal, al amparo de lo dispuesto en las letras b, d y f del artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa que se declare complejidad de la causa.
La fiscal solicita en las diligencias que se citen como investigados a José Juan Lemes Expósito y Domingo Calzadilla Ferrera, así como a una gran relación de empresas y particulares en calidad de testigos, entre ellos a la secretaria, el interventor y técnicos del Ayuntamiento.
Entre los hechos investigados destaca que en el período 2012-2015 el Ayuntamiento, en prácticas que continuaron hasta la actualidad, gastó en gratificaciones, según el informe del técnico de Recursos Humanos, un total de 218.108,82 euros, de los cuáles 111.522 se destinaron a gratificaciones periódicas, sin las cotizaciones de la Seguridad Social.
Sin embargo, las cantidades mayores que se pagaron supuestamente de manera irregular corresponden a la vulneración de los límites cuantitativos establecidos para el contrato menor (18.000 euros), con fraccionamiento contractual, tanto por la vía de concertar sucesivos contratos de suministros o servicios, como sucede con una conocida ferretería, los servicios médicos del geriátrico, alumbrado o la telefonía en el Ayuntamiento.
También se considera irregular el pago al responsable del gabinete de prensa, al ser contratado por tercer año consecutivo, con el reparo de la secretaria. Pero más grave aún, según el escrito de la fiscal, es el caso de B. T. M., contratada por el entonces alcalde de Arafo, Domingo Calzadilla, mediante un contrato administrativo de asistencia técnica hasta el 31 de diciembre de 2005, siguiendo prestando sus servicios tanto con Calzadilla como con Lemes de alcalde, sin prórroga ni nuevo contrato, hasta que, a instancia de la Viceconsejería de Administración Pública, se anuló el decreto de contratación en 2013, que recurrió la trabajadora y tuvo que ser readmitida.
Además, el Ayuntamiento de Arafo se saltó el Plan de Ajuste aprobado en el pleno del 30 de mayo de 2012, en el cual se estableció la suspensión de incentivos a funcionarios y personal laboral, gratificando económicamente la realización de horas extraordinarias.
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