Los promotores hoteleros han planteado hasta 54 recursos judiciales para reclamar al Gobierno canario indemnizaciones por las reclasificaciones de suelo impuestas por la moratoria turística. De esta cantidad 46 han llegado hasta el Tribunal Supremo, que ya ha fallado a favor de los empresarios en 41 sentencias y se espera que se pronuncia en igual sentido en otros 5 casos.
Así lo ha informado en comisión parlamentaria la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, quien detalló que el Ejecutivo está iniciando la ejecución de las sentencias, que obligan a la Administración autonómica a resolver el trámite de solicitud de indemnizaciones, si bien el fallo judicial no reconoce expresamente el derecho a percibirlas.
Los reclamantes aprovecharon la opción de pedir indemnizaciones que les daba la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, aprobada por CC y PP, y que fue derogada en 2013 por la Ley de Renovación y Modernización Turística, ya con el Ejecutivo de CC y PSOE.
“No podemos dar una cuantía total de las indemnizaciones porque aún no la conocemos, pues faltan cinco sentencias por llegarnos yhabrá que determinar si son derechos consolidados o no”, manirfestó la consejera en una comparecencia solicitada por el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, quien aseguró que con la primera moratoria, cuyas leyes se dictaron entre 2001 y 2003 -año en que se promulgó la Ley de las Directrices-, el Gobierno canario no perdió ni un solo litigio judicial, “pese a que fue recurrida incesantemente por inversores, por cierto muy amigos del Gobierno”.
Rodríguez subrayó que las actuales reclamaciones obedecen a la vía indemnizatoria que se abrió con la Ley 6/2009, en una decisión que criticó en su momento, al igual que tachó de “poco responsable y negligente” que la Administración autonómica no resolviera los expedientes de solicitud presentada por los empresarios que se acogieron a ese derecho incluido en la citada norma. Presagió que estos promotores “se van a acoger seguro a la barra libre que les dará la futura Ley del Suelo a la vez pelearán por que se les indemnice”.
La consejera indicó que, a partir de los pronunciamientos del Supremo, los derechos de los reclamantes “hay que respetarlos” pero cómo se ejecuten las sentencias es una cuestión en la que el Ejecutivo canario “está trabajando”.
Rodríguez reclamó además al Ejecutivo autonómico conocer la propuesta de reforma de la Ley de Modernización y Renovación que aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 15 de febrero, “según la prensa”, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que fallaba en contra de imponer restricciones a los hoteles en función de su categoría o circunstancias económicas.
La mayoría de los portavoces expresaron su preocupación por la posible cuantía de las indemnizaciones. El diputado de NC afirmó que estas compensaciones “no pueden por lucro cesante sino por daño emergente, por lo realmente invertido”.
Miguel Jorge Blanco (PP) recordó que el anuncio de la moratoria abrió una época en la que precisamente más hoteles se construyeron, con proyectos que “colapsaron algunos ayuntamientos” para tramitarlos antes de que entrara en vigor la prohibición de nuevos establecimientos, en 2001.
El diputado popular preguntó -sin obtener respuesta- si el Gobierno canario “ya ha abierto negociaciones con los recurrentes para llegar a una solución consensuada o acordada para que se solucione de la manera más satisfactoria para la Administración autonómica”.
Asunción Delgado (Podemos) manifestó, con sarcasmo, que “no hay por qué preocuparnos: el señor Clavijo ya tiene una solución con su nueva Ley del Suelo, donde esas indemnizaciones serán moneda de cambio y por ahí se pagarán”. Una insinuación a la que replicó la consejera: “No sé en qué artículo del anteproyecto se dice eso”.
La parlamentaria de Podemos subrayó, como Rodríguez, que “nunca hubo sentencias contra la Ley de Directrices, sino por la Ley 6/2009” y lamentó que “se ha perdido una gran oportunidad con las leyes del terrtorio de los años 2000 y las de la moratoria “porque estaban consensuadas con la sociedad y los colectivos profesionales y con ellas se buscaba un modelo alternativo al turismo de masas y al paisaje lleno de grúas”. A su juicio, ” el problema no ha sido la Ley de Directrices sino que no hubo un buen planeamiento que tuviera coherencia y sentido común, lo que hubiera agilizado los proyectos”.
Por el PSOE, Juan Carlos Rodríguez Valido consideró que no debe darse la “alarma” por indemnizaciones millonarias, pues las sentencias del Supremo “solo reconocen el derecho a resolver los procedimientos y determinar el perjuicio indemnizable”, al tiempo que pidió que en la solución que se dé a este conflicto “no se consuma más suelo”. Lamentó el diputado socialista “el que no se haya dado el necesario impulso al proceso de renovación de la planta alojativa”.
En igual sentido se manifestó la parlamentaria de CC Nayra Alemán al afirmar que la Justicia “no reconoce el derecho indemnizatorio” y apuntó que la indemnización “no puede contener aprovechamiento urbanístico del suelo, pues lo siguen conservando sus propietarios”.
Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramón Ramos, criticó el “rompecabezas heredado de gobiernos anteriores” con la ordenación del territorio e instó a “buscar fórmulas para no perjudicar a los empresarios afectados, y que no sean costes demasiado elevados para las arcas públicas”.
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