“Lo urbano no lo marca el PGO, sino la realidad que le viene impuesta”, declaró el jurista y urbanista Ignacio Sanz , redactor de un informe de 2012 solicitado por la abogada Olga López, defensora de los siete miembros de la Junta de Gobierno de Arona de 2003 a 2007, acusados de prevaricación urbanística.
Sanz insistió en el “valor de los fáctico” para asegurar que “no me parece descabellado que se concedieran las licencias” porque “las unidades de actuación estaban gestionadas en un 85%”, en contra de lo que pensaron sus colegas del Ayuntamiento que en todos los casos informaron negativamente. Para Sanz “lo ocurrido con las licencias en Arona es algo que sucede en muchos ayuntamientos en donde se dan los permisos con algún informe desfavorable”.
El informe de Sanz fue admitido por el tribunal, pese a que la presidenta Lucía Machado, advirtió que “la norma jurídica no es objeto de prueba”, mientras que la fiscal, Francisca Sánchez, trató de desacreditar, con dureza, a Ignacio Sanz, recordándole que fue redactor del PGO de Vigo, que al igual que el de Arona, fue anulado por el Tribunal Supremo, aparte de “contribuir” también a que el Ayuntamiento de Pontevedra apartara el suyo por miedo de que le sucediera lo mismo que a Vigo.
[su_pullquote]Un economista auditor afirma en un informe de 2013 que el alto patrimonio de Félix Sierra y su esposa se debe a sus rentas del trabajo e inversiones [/su_pullquote]
Félix Sierra, el único miembro de la Junta de Gobierno sujeto a una acusación de cohecho, respiró hoy más tranquilo tras el relato de un economista auditor, Pedro Cabezas, sobre un informe de su patrimonio desde 1983 hasta 2007, en el que vino a demostrar que “el alto patrimonio del Sierra y su esposa Alicia Ladrero se debe a las rentas del trabajo y a las sociedades creadas, “dedicando solo el 19% de sus ingresos a inversiones”, considerando que el matrimonio “fue prudente en sus inversiones” e insistió en la “transparencia” de su patrimonio, porque “están al corriente de sus obligaciones tributarias”.
Cabezas, sin embargo, a preguntas de la juez ponente, María Vega, no explicó de donde venía el dinero en efectivo o los pagarés de la empresa familiar Silama 2000 de Banco Zaragozano.
La letra de Zamora
Dos peritos caligráficos de la Guardia Civil fueron los primeros en declarar en la vigésima jornada del juicio oral del caso Arona 1, a través de videoconferencia, ratificando los informes que determinan que el empresario Arsenio Zamora es el autor de la carta en la que pide 45 millones de pesetas a la familia Ansorena para agilizar los trámites de una licencia para urbanizar una parcela en Costa del Silencio. Durante su declaración como peritos, los dos expertos caligráficos coincidieron en que el trazo de la letra del escrito es “idéntico” al de la muestra tomada al empresario a través de 14 folios e incluso aseguraron que Zamora “intentó ocultar su escritura”, determinando que se trataba de una “escritura no sincera desde el punto de vista grafístico”, detalla el informe del 6 de mayo de 2009 y ratificado ayer por los dos peritos, una prueba de calado para afianzar las pruebas de cohecho que pesan sobre Arsenio Zamora, presunto intermediario para el cobro de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas. Además de esa carta, la voz del empresario está grabada en una cinta en la que el acusado solicita dos partidas de 22,5 millones de pesetas a José Ramón Ansorena Carrera a cambio de lograr los permisos del Cabildo y Ayuntamiento de Arona para lograr construir 206 viviendas en suelo turístico. El juicio se volverá a reanudar el 28 de marzo, con la audición de las cintas gradadas y las conversaciones telefónicas interceptada.
González Reverón recurre
El exalcalde José Alberto González Reverón, al igual que el exedil de Medio Ambiente, Antonio Sosa, confirmó que ha trasladado al Tribunal Supremo el recurso contra la condena de 7 años de inhabilitación por prevaricación urbanística en la pieza separada del caso Arona 1 que juzgó el mismo tribunal ante el que sigue sentado. Reverón ya recurrió también una sentencia por la que fue condenado a 4,5 años de inhabilitación, por el denominado caso Enchufe, y el Supremo desestimó su recurso.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas